Nueva Zelanda concede la libertad condicional a dos de los tres directivos de Megaupload

• Queda pendiente el fallo sobre Mathias Ortmann, cofundador de Megaupload
• El miércoles denegó la libertad condicional a Kim Schmitz, fundador de la web

Un tribunal neozelandés ha concedido la libertad condicional a dos de los tres directivos de Megaupload que fueron detenidos en Auckland junto al fundador del portal, Kim Schmitz, y sobre quienes pesa una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por piratería informática.

Se trata del aleman Finn Batato, de 38 años y jefe técnico de Megaupload, y el programador holandés Bram van del Kolk, de 29 años. De esta forma, solo queda pendiente el fallo de uno de los tres directivos detenidos junto a Kim Schmitz, también conocido como Dotcom. Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador de Meagupload.

El tribunal de North Shore también otorgó la libertad condicional a Wayne Tempero, el guardaespaldas de Schmitz acusado de posesión ilegal de un arma semi-automática.

Sin embargo, el juez MacNaughton denegó el miércoles la libertad condicional de Dotcom al considerar que existe un riesgo de fuga. El fundador de Megaupload deberá permanecer en prisión hasta el 22 de febrero, cuando se celebre una vista sobre la petición de extradición de Estados Unidos.

Detención y delitos

Schmitz fue detenido junto a los tres ejecutivos el pasado viernes en su mansión de las afueras de Auckland, en el marco de un amplio operativo internacional que incluyó el cierre de Megaupload.  Otros dos presuntos cómplices fueron detenidos en Europa.

Las autoridades estadounidenses intervinieron el portal Megaupload por considerar que ha causado más de 500 millones de dólares (381 millones de euros) en pérdidas al transgredir los derechos de autor de compañías y obtenido un beneficio de 175 millones de dólares (133 millones de euros).

En el caso de que se apruebe la extradición, los cuatro detenidos serán juzgados en Estados Unidos. Les imputan supuestos delitos relacionados con el crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual, por los que se enfrentan a una pena máxima de 50 años de cárcel.