Garzón alega que investigó los crímenes del franquismo porque son "permanentes"

• El juez considera que la Ley de Amnistía no afecta a estos hechos
• Asimismo asegura que "hizo lo que tenía que hacer por encima de ideologías"

Garzón llega al Supremo para declarar en el jucio de las fosas del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha explicado que asumió la investigación de los crímenes del franquismo porque son "delitos permanentes" que no afectan a la Ley de Amnistía. En este sentido, el magistrado ha señalado que en ningún caso se trató de "una cuestión de ideología", ya que las denuncias no se referían a hechos políticos, sino que eran crímenes contra la humanidad.

"Son hechos delictivos", ha señalado durante su declaración en el juicio en el Tribunal Supremo por el presunto delito de prevaricación por el que está imputado por investigar los crímenes del franquismo. Garzón ha sostenido que los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1951 constituyen un delito permanente de  desapariciones forzadas en un contexto de crímenes contra la humanidad, lo que  justificaba la competencia de la Audiencia Nacional.

Por ello, el magistrado ha defendido su actuación ya que hizo "lo que tenia que hacer por encima  de ideologías porque había cientos de víctimas que buscaban reparación".

Asimismo el juez ha explicado que aceptó investigar los hechos en aplicación de la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó al caso Scilingo por el que se le permitió dictar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.

También Garzón ha comparado la causa con la instrucción tramitada en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por "unos hechos ocurridos en campos de concentración cometidos por criminales de guerra nazi", a lo que la Fiscalía no se ha opuesto a abrir una investigación.

Denuncias desde diciembre de 2006

Durante el interrogatorio, Garzón ha recordado que a partir de diciembre de 2006 asociaciones de  Memoria Histórica y también particulares presentaron denuncias sobre  casos de eliminación de personas, desapariciones forzosas,  enterramientos ilegales y torturas, que "encajan en el delito de  crímenes contra la humanidad".

También ha relatado que durante los dos años en los que se prolongó la instrucción, recibió denuncias de casos de secuestro de menores que siguen  desaparecidos a día de hoy. El primero de ellos llegó, ha contado, en  noviembre de 2008.

Garzón ha asegurado que antes de aceptar la  investigación y en una fase de diligencias a prevención solicitó a  varias instituciones un censo oficial de desaparecidos, aunque sólo  el ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto  Ruiz-Gallardón, le facilitó los datos que había reclamado.

"Un organismo me mandaba a otro. Ningún organismo contribuyó, sólo  el alcalde de Madrid", ha señalado Garzón al explicar que tuvo que  dirigirsea los Ministerios de Interior y Defensa, a la  Conferencia Episcopal y a los Archivos Histórico Nacional, de la  Guerra Civil y General de la Administración para llegar la conclusión  de que "no había ningún dato de censo" sobre desaparecidos.

Garzón, que ha añadido después que los Gobiernos de Andalucía,  País Vasco y Cataluña también le suministraron los datos que  necesitaba, ha explicado que precisaba de estos listados para dirimir  si era competente para asumir la causa. Lo hizo el 16 de octubre de  2008 tras haber recibido de las Asociaciones de Memoria Histórica un  listado global en el que referían la existencia de 114.000 casos de desaparecidos.

Preguntado por si pretendía buscar "notoriedad o publicidad" al asumir la investigación, el juez lo ha negado tajantemente y ha asegurado al respecto que actuó al igual que hiciera en  otros casos que investigó y que eran similares, de crímenes contra la  humanidad.

Se niega a contestar a la acusación particular

Después de que la Sala rechazara las cuestiones previas formuladas por el abogado defensor González Martínez-Fresneda y el fiscal del Supremo Luis Navajas y ordenara proseguir la vista oral, Baltasar Garzón se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, representada por el sindicato Manos Limpias, por considerar que "no está legitimada" para ejercer la acusación.

En la anterior sesión, su abogado apeló a la 'doctrina Botín', por la que la apertura de juicio oral no procede si actúa la acusación popular en solitario, para reclamar la nulidad del proceso abierto por investigar los crímenes y las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que le imputan el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que, según Martínez-Fresneda, no han resultado perjudicadas u ofendidas por ese delito, por lo que reclama que se aplique la "doctrina Botín".

Con esa tesis, cuya aplicación también apoyó el fiscal, el propio Tribunal Supremo estableció que no se puede abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la Fiscalía y los posibles perjudicados piden el archivo.

También coincidieron la defensa de Garzón y el Ministerio Público en cargar contra el instructor de la causa, Luciano Varela, del que dijeron que "tomó partido y perdió su imparcialidad" y cuya instrucción calificaron de "insólita e insostenible" por haber corregido los defectos advertidos en el escrito de acusación de Manos Limpias.