Los jueces abogan por limitar el Jurado popular a delitos graves y el Gobierno abre la reflexión

• Gallardón cree que hay que reflexionar sobre qué delitos debe juzgar
• APM, JpD y AJFV abogan por eliminar los delitos muy técnicos y poco penados
• Los jueces reconocen que su alto coste puede no justificarlo en delitos concretos
• Se tiende a "huir" del Tribunal del Jurado acusando de otros delitos

Gallardón insta a reflexionar sobre los delitos que juzga el Jurado

Doce años después de la instauración del Tribunal del Jurado en España y con este otra vez en boga después de los casos de Francisco Camps y Marta del Castillo, las asociaciones judiciales y otros expertos consultados por RTVE.es abogan por reducir el numero de delitos de los que conoce a los más graves y menos técnicos, lo que además conllevaría un importante ahorro para las arcas públicas.

Precisamente este martes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha planteado en TVE la necesidad de "reflexionar sobre qué delitos tienen que ser juzgados" por el Tribunal del Jurado, aunque no se ha referido a ninguno en concreto.

La Ley del Jurado, que se aprobó en 1995, contempla que este tribunal sea competente para enjuiciar los delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos e infidelidad en la custodia de los presos. Las tres principales asociaciones judiciales españolas (APM, AJFV y JpD) coinciden en que habría que revisar ese catálogo de delitos.

Para el portavoz de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), José Luis González, está "claro" y es "urgente" reformar ese catálogo de delitos con "consenso" y reducir la competencia del Jurado popular "al máximo" a los delitos más graves, como los asesinatos y homicidios, y excluir otros como los incendios forestales, el cohecho o las amenazas, principalmente por "razones estrictamente económicas".

En este sentido, González aclara que el coste medio de un proceso judicial normal es de unos 1.300 euros, frente a los cerca de 30.000 que ha costado el juicio con Jurado de Camps, por las remuneraciones a los jurados, comidas, alojamiento, etc.

“El Jurado supone un alto coste económico y de tiempo en resolver asuntos, según la APM“

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Pablo Llarena, también reconoce que son "muy criticables" algunos de los delitos de los que conoce el Jurado por el "doble coste que tienen", por un lado el gasto económico que conlleva desplegarlo y, por otro, el "de tiempo" por la tardanza en resolver un solo asunto que la Justicia profesional resolvería de forma mucho más rápida. Por ello, la APM aboga, "desde el punto de vista de la rentabilidad" por desplegar el Tribunal del Jurado solo en los delitos que lo justifiquen.

El portavoz de JpD, José Luis Ramírez, también cree que algunos de los delitos que competen al Jurado son "muy complejos porque son muy técnicos", como la malversación o el cohecho -delito por el que han sido juzgados precisamente Francisco Camps y Ricardo Costa- y requieren cierto nivel de conocimientos técnicos jurídicos para determinar si se ha producido un hecho delictivo del que probablemente carezcan los jueces legos. No obstante, Ramírez concede que esa complejidad se puede "reducir" si el magistrado-presidente que preside cada Jurado expone los hechos de una manera clara y accesible en el objeto de veredicto.

Delitos que desaparecen para evitar al Jurado

Según Ramírez, habría que plantearse "revisar el catálogo" y reservar el Tribunal del Jurado para delitos más graves y no incluir aquellos que no contemplan penas demasiado graves y que no justificarían que se constituyera un jurado popular por lo costoso que esto resulta.

"Parece que hay delitos que han dejado de existir, como el de incendios forestales o el de allanamiento de morada, pero no porque ya no ocurran, sino porque se acusa por otros diferentes para huir del Jurado", afirma el portavoz de JpD, que explica que, por ejemplo, en lugar de por allanamiento se acusa de coacción por parte de la Fiscalía o los jueces.

“Se utilizan subterfugios para huir del Jurado y se acusa de otros delitos, asegura JpD“

"La realidad de la práctica judicial demuestra que para huir del Jurado se buscan otros subterfugios", asegura Ramírez.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), frente a una media de 622 asuntos anuales que se incoaron por el procedimiento del Jurado en los diez primeros años de instauración de este, en 2009 fueron 281 y en 2010 un total de 339.

La excusa de los costes, "miserable"

Para los firmes defensores del Tribunal del Jurado, como el presidente de la Asociación Pro Jurado y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, Antonio Lorca Navarrete, es una "bagatela" el argumento de que muchos delitos son muy técnicos y recuerda que en Estados Unidos, donde el Jurado está plenamente consolidado, no se discrimina ningún tipo delictivo y "eso es síntoma la normalidad democrática".

Lorca tampoco cree que los costes sean excusa para acabar con esta institución. "Habría que preguntarse entonces por qué tenemos Senado, 17 comunidades autónomas o 17 presidentes... Me parece simplemente miserable hablar del coste", apunta Lorca, que destaca que lo relevante es que el Jurado consuma la participación del ciudadano en la Administración de Justicia.

Aunque es una firme defensora de la Justicia "netamente profesional", la profesora de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Susana Álvarez de Neyra, considera que no se debería pensar en los costes del Jurado "si realmente creyéramos que beneficia a la Administración de Justicia", pues la institución descansa sobre la idea de la participación ciudadana en su administración y en el control del poder judicial, como establece la Constitución . "Otra cosa es que yo me lo crea", añade Álvarez de Neyra.

La influencia mediática

La profesora de la UAM también cree que, en los casos de delitos "excesivamente complejos" de los que conoce el Jurado, este puede ser quizás "más influenciable", sobre todo en los casos en los que existe una "gran presión mediática", que podría llevar a los miembros del tribunal popular "a guiarse más por lo que ocurre fuera que por unos conocimientos que realmente no tiene".

No obstante, según Álvarez de Neyra, la experiencia demuestra que "todo es según cómo te va". "Para el caso de Marta del Castillo todo el mundo reclamaba un Jurado popular y en el caso de Camps se decía que era influenciable... Según la resolución judicial o decimos '¡viva el Jurado!' o lo contrario", argumenta.

Para el portavoz de la progresista JpD, "no se puede generalizar" que un Jurado popular pueda ser más influenciable que un juez concreto, "que también es susceptible de recibir presión" y cree que en esto tienen mucha parte de responsabilidad los medios de comunicación, que debían hacer prevalecer la presunción de inocencia.

"En el caso de Marta del Castillo, la gente tiene la sensación de que no se ha hecho justicia, pero porque desde los medios de comunicación se ha trasladado durante mucho tiempo la idea de que todos los acusados eran culpables", señala Ramírez.

Reticencia de los ciudadanos

El portavoz de la AJFV, que es también juez decano de Madrid, llama también la atención sobre el dato de que los ciudadanos son cada vez "más reticentes" a formar parte de los Jurados populares. Según su experiencia al realizar los sorteos bianuales para elegir a los candidatos a formar parte del Tribunal del Jurado -en toda la comunidad de Madrid hay 6.000 personas candidatas para ser Jurado entre 2011 y 2012-, cada vez se presentan más excusas de ciudadanos, hasta alcanzar un 15%.

"Las encuestas dicen que a nadie o casi nadie le gustaría ser juzgado por un Jurado", afirma González, que aclara que él mismo preferiría ser enjuiciado por un tribunal profesional, "lo mismo que querría que me operara un cirujano profesional".

“Prefiero ser juzgado por un juez profesional, igual que ser operado por un médico profesional, asegura González“

Desde la APM se recuerda que una de las ventajas que se esgrimían para su implantación es que, si bien un ciudadano no tiene las habilidades de un juez profesional, sí tendrían una mayor capacidad de concentración en el juicio dada la "excepcionalidad" de su actuación, aunque Llarena cree que esos argumentos pueden ser "desdeñables".

En opinión del portavoz de esta asociación judicial conservadora, si lo que se cuestiona es la calidad del Jurado popular, una de las "mejoras" que se podrían instaurar sería el implantar el modelo de "Jurado escabinado", implantado en otros países europeos y en el que participan jueces legos y profesionales, y "que cada uno aporte los conocimientos que puede aportar".

Para el portavoz de JpD , aunque reconoce que "a nadie le gusta" tener que juzgar a otras personas, la experiencia del Jurado es "positiva" porque eso hace que el ciudadano conozca de primera mano las "dificultades" que conlleva el impartir justicia, a la vez que aproxima esta al ciudadano.

Además, en opinión de José Luis Ramírez, las "disfunciones" que pueden haberse producido en casos concretos en el funcionamiento del Jurado -veredictos polémicos fueron la absolución en 1997 del etarra Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas, juicio aún pendiente de celebrarse tras ordenarse que se repitiera, y la condena de Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof, que luego fue absuelta-, "no son distintivos" del Tribunal popular y pueden también producirse con tribunales profesionales.

La discusión sigue abierta y, aunque el PP no lo planteó en su programa electoral, a juzgar por el anuncio del ministro de Justicia, la reflexión sobre el Jurado popular podría elevarse ahora más allá del debate mediático que han generado los últimos casos judiciales.