Fitch rebaja a 12 administraciones españolas

• La decisión sigue a la rebaja de la deuda del Estado del pasado viernes
• Excepcionalmente, administraciones vascas quedan mejor que el Estado

La agencia Fitch, cuyas calificaciones son muy cuestionadas por las autoridades y muchísimos economistas, ha degradado la nota de la deuda a 12 administraciones españolas y cuatro entidades del sector público, rebaja consecuencia de la que realizó la semana pasada con la deuda del Estado.

Entre las comunidades autónomas, la agencia ha rebajado en dos escalones la calificación de Madrid, desde AA- a A (el mismo paso que dio con la calificación del Tesoro), y en un escalón las de Andalucía, Asturias, Canarias y Cantabria, de A+ a A, informa Europa Press.

Asimismo, también ha recortado en dos escalones la calificación de las ciudades de Barcelona, Madrid, Pamplona y Vigo, desde AA- a A.

Fitch destaca que está rebaja generalizada de las calificaciones también supone la aplicación de los criterios de la agencia, según los cuales los ratings de gobiernos regionales o locales no pueden ser superiores a los de los países a los que pertenecen, salvo "circunstancias excepcionales".

Entre esas excepciones se encuentran Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cuya calificación ha pasado desde AA+ a AA con perspectiva negativa. Asimismo, ha confirmado la nota AA de San Sebastián, aunque ha cambiado su perspectiva a negativa, como la de todas las entidades que ha revisado la agencia.

Además, Fitch también ha rebajado la calificación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), además de una emisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Un sector en el disparadero

Las agencias de calificación asignan grados a las emisiones de bonos de las administraciones públicas y grandes empresas, que pagan por ello. La calificación AAA es la más alta para todas ellas y significa que el impago es una posibilidad extremadamente baja.

La actividad de estas compañías es objeto de grandes críticas desde el estallido de la crisis financiera en 2007, que no previeron. El propio FMI asegura que las agencias “usan y abusan del poder que tienen” y “necesitan una supervisión más estricta”.

Tribunales de diversos países han abierto investigaciones sobre varias de sus prácticas al respecto a instancias de la sociedad civil. Las agencias alegan que solo emiten opiniones cuyos efectos dependen de la importancia que le den los inversores.