El Gobierno limita las retribuciones de los directivos de las entidades con ayudas

• La alta dirección de las cajas intervenidas cobrará 300.000 euros como máximo
• En las que hayan recibido ayudas la cantidad será de 600.000 euros
• Se abre una línea ICO de 10.000 millones para las CC.AA.

Se acabaron los sueldos millonarios para los banqueros que hayan recibido dinero público

El Gobierno ha sacado la tijera para poner coto a las remuneraciones de los directivos bancarios de entidades intervenidas o que hayan recibido ayudas públicas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma financiera que establece un límite para la retribución de los presidentes, consejeros delegados o directores generales.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha detallado que en el caso de las entidades intervenidas, la alta dirección cobrará un máximo de 300.000 euros anuales, una cantidad que en el caso de los consejeros se reducirá hasta 50.000 euros.

Esto significa un recorte salarial del 76% y del 66%, respectivamente, de acuerdo con la media del sector y afecta a los directivos de Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia. Además no tendrán derecho a recibir retribuciones variables.

En el caso de las cajas o bancos que hayan recibido ayudas públicas, los límites se fijan en 600.000 euros para presidentes, consejeros delegados y directores generales y 100.000 para los consejeros no ejecutivos, con independencia del número de consejos en los que participen. El tijeretazo oscila entre el 67% y el 65% de la media retributiva de estos directivos bancarios.

“Un ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios“

De Guindos apunta que el Gobierno "está convencido de que su misión no es fijar los sueldos del sector privado, sino que aquellas entidades que han recibido ayudas públicas tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios". Estas retribuciones se establecerán en los estatutos de las instituciones.

Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, sólo los máximos directivos de BMN se sitúan por debajo de este umbral, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer públicas sus remuneraciones.

Crédito a las familias y empresas

Las cajas que se fusionen tendrán que hacerlo de forma estructural, no recurriendo a un SIP o fusión fría. De Guindos ha explicado que deberán fijar un objetivo cuantificado de incremento del crédito a familias y empresas.

El balance de las nuevas entidades que surjan de las fusiones deberá incrementarse en un 20%, que en casos extraordinarios se reducirá al 10%.

Los actuales órganos de gobierno de las cajas se limitan, exclusivamente, a una asamblea general y a un consejo de administración. Los nuevos bancos tendrán que presentar un plan de gobierno corporativo que fije las retribuciones. Además tendrán que presentar un plan de viabilidad y de desinversiones.

Las cajas desprovistas de negocio financiero deberán destinar a su obra social al menos el 90% de los dividendos que reciban por su participación en el banco, pero si su participación no baja del 25%, no estarán obligadas a convertirse en fundaciones dependientes de las comunidades autónomas.

El Banco de España ha convocado una reunión informativa con las entidades financieras este sábado, para explicar los detalles de la reforma al sector. Según han explicado fuentes financieras, a la reunión, que estará dirigida por el director de regulación del Banco de España, José María Roldán, asistirán analistas y expertos de las entidades nacionales y extranjeras.

Línea ICO para las CC.AA.

Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit.

El principal objetivo es que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los pagos pendientes con proveedores que hayan firmado contratos de suministros, de obras y prestación de servicios contraídos con anterioridad al 1 de enero de este año y puedan cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda financiera asumida antes del 1 de enero de este año y cuyo pago venza antes de mediados de este ejercicio.

La concesión de las ayudas está sujeta a que las autonomías acuerden con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y faciliten un informe de las operaciones realizadas de manera previa, así como con posterioridad a cada operación de endeudamiento.

Una vez solicitada la línea, las autonomías que quieran hacer más  operaciones de endeudamiento deberán contar con la autorización previa  de Economía. Hacienda analizará trimestralmente el plan de ajuste y que en caso de incumplimiento se aumentará el tipo de interés en 25 puntos básicos.

Si el Ministerio detecta nuevas operaciones de endeudamiento o un  incumplimiento de naturaleza financiera podrá exigir anticipadamente  las operaciones de préstamos realizadas con cargo a esta línea.  Además, los intereses y la comisión de la financiación estarán  cubiertos con las retenciones a efectuar a favor del ICO del 25% de  los recursos del sistema de financiación.