El Gobierno vasco informa de "graves irregularidades" en contratos entre 2000 y 2009

• Tras dos auditorias, una interna y otra externa, ha informado a la Fiscalía
• Responde a contratos de Justicia, dirigido por Azkarraga, de EA
• Se contrataron servicios que todavía no se han realizado

El Gobierno Vasco informará a la Fiscalía de "graves irregularidades" detectadas en al menos una quincena de contratos informáticos del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA), cuyo importe supera los 23 millones de euros.

La portavoz del ejecutivo autonómico socialista, Idoia Mendia, ha desvelado hoy que el Consejo de Gobierno ha decidido que el Ministerio Fiscal investigue estos contratos, ya que a pesar de haber sido pagados en su día, ninguno se ha ejecutado todavía en su totalidad.

De hecho, ha precisado que algunos de ellos ni siquiera se han iniciado todavía, lo que pone en evidencia que "se han pagado sistemáticamente" con dinero público trabajos no realizados.

Además, según la "exhaustiva" investigación interna llevada a cabo por el actual Departamento de Justicia, se ha podido comprobar que muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos o bien mediante facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.

Las irregularidades afectan a trabajos para implantar en los órganos jurisdiccionales el sistema de gestión procesal, para poner en marcha en Euskadi la nueva Oficina Judicial o para desarrollar el expediente judicial electrónico.

Empresas que habian adelantado el trabajo

En otros casos se ha detectado, por el "escasísimo plazo" de 16 días o un mes fijado para la ejecución del contrato, que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo.

En otros expedientes se pone de manifiesto que ninguna de las partes tenía intención de ejecutar lo contratado, por lo que el documento "no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".

Tras las auditorías encargadas, una interna y otra externa, los actuales responsables del Departamento de Justicia han mantenido varias reuniones con las empresas informáticas implicadas, que han reconocido no haber ejecutado muchos de los trabajos, pese a que cobraron por ellos, y se han comprometido a llevarlos a cabo.

La portavoz del Gobierno Vasco no ha desvelado los nombres de dichas empresas ni las personas del Departamento de Justicia que firmaron los contratos y ha defendido la presunción de inocencia de los presuntos responsables de estas irregularidades.

"Cuestiones de calado"

El Gobierno Vasco reconoce sin embargo la gravedad de lo ocurrido, que afecta a "cuestiones de calado para la Administración de Justicia", lo que le ha llevado a informar de estos hechos a la Fiscalía para que determine si los implicados cometieron algún delito y señale a los responsables.

El ejecutivo autonómico socialista ha recalcado su "decidida" apuesta por la modernización de la Administración judicial vasca y ha recordado que entre 2009 y 2011 ha invertido más de 47 millones de euros en aplicaciones informáticas para poner en marcha la nueva oficina judicial y lograr el objetivo de hacer un seguimiento, en tiempo real, de la actividad de los órganos de la Administración de Justicia.