Miles de funcionarios salen a las calles de Madrid para protestar contra los recortes
- La marcha partió de la plaza de Neptuno y ha terminado en Sol
- Los manifestanten han lanzado proclamas contra los recortes de la Comunidad
- Estiman que unos 11.000 puestos de trabajo público pueden perderse
Miles de empleados públicos han salido en la tarde del martes a las calles del centro de Madrid para protestar contra los "recortes" aprobados por el Gobierno regional para modificar las condiciones de los trabajadores de la Administración autonómica.
La protesta, convocada por los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y CSI-F, ha querido mostrar el rechazo de los empleados públicos a los "recortes establecidos en los servicios públicos" por el Gobierno regional en la Comunidad de Madrid y a la "utilización" de la Ley de Medidas Fiscales para "usurpar la negociación colectiva".
Bajo el lema 'Lo público es de todos. `No a los recortes!', la manifestación, con final en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto por parte de las organizaciones de los trabajadores, ha partido de la plaza de Neptuno a las 18.30 horas.
En la manifestación han participado empleados de sectores tan diversos como la Sanidad, la Educación, las universidades públicas, la Justicia o empleados de Metro de Madrid.
Con numerosas pancartas sindicales, silbatos, bocinas y otro tipo de elementos, los empleados públicos han desafiado los cuatro grados centígrados que en ese momento hacía en Madrid para protestar por los ajustes realizados por el Gobierno de Aguirre con diversas cabeceras y lemas como 'Educar es invertir', 'No a los recortes' y 'Recortes completos a reyes y clero'.
Según los sindicatos, los servicios públicos son "objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de forma drástica a la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, los medicamentos o la Protección por Desempleo, entre otros".
Así, acusan a los mercados de presionar "en la lógica de favorecer la externalización de servicios que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio".
Pérdida de 11.00 puestos de trabajo
Según los cálculos de los sindicatos, estos recortes suponen la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo "que van a engrosar las ya abultadas listas de parados madrileños y el alargamiento de la jornada laboral para el resto".
Además, aseguran que el conjunto de los servicios públicos madrileños se verá afectado por las consecuencias de los recortes pues supone, por ejemplo, la desaparición de las medidas de calidad y de atención a la diversidad de los centros educativos (bibliotecas escolares, actividades extraescolares, desdobles, refuerzos, tutorías).
También supondrá "la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la ampliación de las listas de espera" además de en la asistencia a dependientes, menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de comunicación públicos.
Asimismo, a su juicio, conlleva el modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, "rebajando las prestaciones durante la incapacidad temporal o aumentando la jornada". "Es una flagrante e intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva que la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos reserva a las trabajadoras y trabajadores, incluidos los empleados públicos", añaden.
Las medidas de la Comunidad
Las medidas, incluidas en la Ley de Medidas Fiscales y Acompañamiento de los presupuestos que aprobó la Asamblea de Madrid en los últimos días del año pasado, aumentan a 37,5 horas la jornada semanal de los empleados públicos.
Además, fija en seis los días de asuntos particulares o libre disposición de los empleados y reordena los días de permiso por antigüedad.
Asimismo, la Comunidad de Madrid incluye en esta Ley su intención de dejar de abonar los complementos económicos voluntarios que, hasta ahora, aportaba en el supuesto de bajas temporales por enfermedad común del trabajador.