El CGPJ cree "intolerable" e "inadmisible" que se llame "fascistas" a los miembros del Supremo

• Bravo dice que las resoluciones judiciales pueden criticarse
• Cree que ha habido "descalificaciones y ataques personales" al TS
• Dice que la Justicia no puede ser administrada "por el clamor popular"

El Consejo del Poder Judicial defiende la actuación del Tribunal Supremo

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado este viernes que es "intolerable" e "inadmisible" que se tilde de "fascistas" a los miembros del Tribunal Supremo (TS) que han dictado la sentencia condenatoria a 11 años de inhabilitación para el juez Baltasar Garzón por prevaricación por autorizar las escuchas de Gürtel.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', Bravo ha apuntado que, si bien las resoluciones judiciales "pueden criticarse y no compartirse" y que aquí no se trata de "vetar el derecho a la crítica", el acusar a los siete magistrados que han juzgado a Garzón de "casta de burócratas al servicio de la venganza", como ha hecho el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, es entrar en "descalificaciones y ataques personales" a los miembros del poder judicial.

Sin querer entrar a valorar la condena, la portavoz del CGPJ ha insistido en que Garzón ha tenido un juicio "con todas las garantías" y con un tribunal "imparcial" que ha actuado "sin ningún tipo de ideología" y ha dictado una sentencia "por unanimidad".

Además, Bravo ha querido recordar que la de Garzón "no es la primera condena a un magistrado" -varios jueces han sido condenados ya por prevaricación-, si bien ha reconocido que se trata de un juez "que no tiene parangón" nacional e internacionalmente con el resto de miembros del poder juidicial y de ahí la mayor repercusión mediática del caso.

Preocupación por la imagen de la Justicia

La portavoz ha dicho también que al órgano de gobierno de los jueces "le preocupa mucho" la imagen que se está traslandado al exterior de la Justicia española -la condena ha sido portada internacional- , cuando el sistema está "a la cabeza de Europa en Justicia garantista, digan lo que digan".

En este sentido, y pese a reconocer que se trata de un caso muy mediático, ha subrayado que la Justicia española no está representada "solo y exclusivamente" por los tres procedimientos a Garzón -las escuchas de Gürtel, la investigación de los crímenes del franquismo y los cobros de los cursos en Nueva York-, sino que existen otros 4.500 jueces que trabajan a diario bajo los principios de imparcialidad y legalidad para tutelar las libertades de los ciudadanos.

Además, ha apuntado que, aunque existan resoluciones judiciales que los ciudadanos no entiendan, como esta o la del caso Marta del Castillo, la Justicia "no puede ser administrada por el clamor popular", sino que deben impartirla los jueces.

"La Justicia tiene que ser aplicada por los jueces y en ocasiones se tienen que adoptar decisiones, por estricta aplicación de la ley, aún sabiendas de que determinadas decisiones van a repercutir negativamente en la imagen de la Justicia. A veces ese es el coste de esa independencia y esa imparcialidad", ha afirmado.

Aunque ha expresado su "respeto y solidaridad" hacia las víctimas, ha apuntado que estas no están "legitimadas" para legislar y que esto debe hacerse desde la reflexión y en sede parlamentaria. Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional dictaminó en 2004 que la alarma social no podía ser una justificación para dictar una medida tan restrictiva como la prisión provisional.

Caso Urdangarin

Sobre el caso Palma Arena, en el que está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha señalado que se ha ordenado investigar las filtraciones a la prensa en este caso, como se ha hecho en otras ocasiones anteriores, ya que estas provocan "juicios paralelos" que atentan contra el derecho de presunción de inocencia.

Por último, ha añadido que el hecho de que no se vaya a grabar su declaración en soporte de vídeo "no obedece a ser quien es", sino a las dimensiones mediáticas del caso.

Ha precisado que "no todos los imputados son iguales" ni están sometidos a la "misma presión mediática", por lo que no se puede "estigmatizar su imagen".