Enlaces accesibilidad

El Tribunal Supremo de Pakistán procesa al primer ministro por desacato

  • Está acusado de impedir el procesamiento del presidente
  • Zardari tiene causas abiertas por malversación de fondos públicos

Por

El Tribunal Supremo de Pakistán ha procesado por desacato al primer ministro, Yusuf Razá Guilani, quien de ser hallado culpable podría ser condenado a hasta seis meses de cárcel y verse obligado a abandonar el poder.

El Supremo ha presentado cargos contra Guilani por desobedecer sus órdenes y no escribir una carta al Gobierno suizo que reabra una causa por supuesto blanqueo de capitales contra su jefe de partido y presidente, Asif Alí Zardari.

El magistrado Nasir-ul-Mulk ha leído dos folios con los cargos contra el primer ministro, que se declaró inocente.

La próxima audiencia en el Supremo tendrá lugar el 22 de febrero, y después la defensa de Guilani presentara sus pruebas el día 27.

El Supremo, enfrentado con el gobernante Partido Popular (PPP), abre así un juicio contra el primer ministro y un pulso con el poder ejecutivo.

El mismo Guilani explicó ayer en una entrevista con la cadena catarí Al Yazira las consecuencias de una eventual condena.

"No hay necesidad de que dimita. Si soy condenado, se supone que ya no seré diputado", concedió.

El procedimiento para la pérdida por Guilani de su escaño, que arrancaría solo si el primer ministro fuera condenado, podría alargarse durante semanas o meses en el Parlamento.

Durante los últimos meses, el Gobierno del PPP se ha visto acorralado por el Supremo y el Ejército, que ha dominado el país durante más de la mitad de la historia de Pakistán.

En la corte pende otro caso que ha enfrentado a los poderes civil y militar, bautizado como 'memogate'.

El escándalo se originó por un supuesto documento a través del cual el Gobierno paquistaní pedía ayuda al Pentágono en caso de un golpe militar tras la muerte de Osama Bin Laden en mayo del año pasado en una operación militar de Estados Unidos.

El Ejército interpretó la nota -cuya veracidad el Gobierno niega- como una deslealtad y pidió al Supremo que lo investigara.

La actual legislatura concluye en 2013, aunque analistas y fuentes diplomáticas esperan un adelanto electoral para salir de la actual crisis institucional.