Empresas digitales recurren también ante el Supremo el reglamento de la ley Sinde

• Afirman que genera "inseguridad jurídica" a las empresas
• Señalan que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
• El recurso de la Asociación de Internautas fue admitido a trámite

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y la Red de Empresas de Internet (REI) han presentado un recurso contra el reglamento de la denominada ley Sinde ante el Tribunal Supremo, que recientemente admitió a trámite otra demanda similar de la Asociación de Internautas.

Según han informado ambas asociaciones en un comunicado conjunto, en el recurso han pedido, al igual que lo hiciera la Asociación de Internautas, la suspensión del capítulo relativo al "procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual", que establece un sistema mixto administrativo y judicial para luchar contra las descargas ilegales.

Según Adigital y REI, la entrada en vigor de este capítulo del reglamento que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, en concreto de su sección segunda, "causaría un grave daño al desarrollo de empresas e iniciativas de toda índole con base tecnológica" debido a la "inseguridad jurídica" que genera.

La actual redacción del artículo, explican ambas asociaciones, dota a la Administración "de un mecanismo para suspender o cerrar una web, un servicio o retirar contenidos sin intervención de ningún órgano judicial", con lo que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

Esta regulación supone además, agregan, una "dificultad añadida a la incorporación del tejido empresarial español al mundo digital y un obstáculo a la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo".

El pasado día 8, el Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Asociación de Internautas y dio un plazo de diez días al abogado del Estado para que evaluara la petición de suspender de forma cautelar el reglamento.

La Asociación de Internautas consideraba que la norma atribuye a un órgano administrativo (la comisión de propiedad intelectual) competencias asignadas por ley a los jueces.