El Parlamento Vasco crea una comisión para investigar el robo de bebés

• La propuesta de EA ha sido aprobada por unanimidad
• Se podrá pedir la comparecencia de cualquier autoridad

El Parlamento Vasco ha acordado este jueves por unanimidad crear una comisión de estudio que investigará los casos de niños robados y adopciones irregulares que se dieron entre las décadas de 1940 y 1990.

Todos los grupos han apoyado una enmienda transaccional a una iniciativa original de Eusko Alkartasuna con la que se crea esta comisión, que elaborará un plan de trabajo y podrá requerir la comparecencia de cualquier persona, autoridad pública, funcionario e instituciones, así como la incorporación de especialistas que asesoren.

Esta comisión, según el acuerdo de pleno, hará un estudio pormenorizado de toda la normativa aplicable en los expedientes de adopción para proponer aquellas reformas legislativas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos y eviten "cualquier resquicio legal que pudiera dar cauce a la comisión futura de estos hechos".

Eusko Alkartasuna (EA) presentó originalmente una proposición no de ley en la que recogía la recomendación del Defensor del Pueblo vasco para que las instituciones públicas vayan más allá de las investigaciones penales de estos casos, con el objetivo de "proponer medidas de reparación" y de analizar si son convenientes reformas legales para evitar que se puedan repetir estos hechos.

El parlamentario de EA Juanjo Agirrezabala se ha felicitado por la unanimidad lograda, que va a permitir un "estudio detallado sobre la normativa" referida a los expedientes de adopción y posibilitará además que el Parlamento "proponga todas aquellas reformas y modificaciones legislativas que contribuyan a esclarecer los hechos y evitar que puedan repetirse".

El PNV ha hecho un llamamiento a las diputaciones forales y a los ayuntamientos para que se impliquen en el esclarecimiento de lo sucedido, mientras que el PP ha mostrado su alegría por este acuerdo para investigar los casos de niños robados en Euskadi, donde ya se han presentado más de 200 denuncias, mientras que en el conjunto de España se calcula que podría haber más de 300.000 bebés robados.