Más de 80 ONG denuncian la "criminalización" del trabajo del juez Garzón

• Mandan una carta abierta al Gobierno y al Poder Judicial

Más de 80 ONG defensoras de los Derechos Humanos expresan en una carta abierta al Gobierno y al Poder Judicial español su "gran preocupación" por lo que consideran "criminalización de la actividad judicial del juez Baltasar Garzón", condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación.

En la misiva, difundida este lunes, las ONG denuncian que al haber sido condenado Garzón "en única instancia" por el Tribunal Supremo de España se ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las asociaciones adelantan que esta semana se pondrán en contacto con las embajadas de España en sus países respectivos para denunciar "la grave vulneración a la independencia de la justicia que representan los tres procesos penales" llevados a cabo contra ese juez.

Precisamente, este lunes el CGPJ ha acordado la expulsión de Garzón de la carrera judicial tras su condena por el Gürtel.

El juez ha asegurado, en una entrevista publicada por el periódico Listín Diario (Santo Domingo), que continuará "luchando" por la justicia y contra el crimen organizado y la corrupción. A partir de ahora el juez se dedicará a labores humanitarias y a educar a jóvenes y niños.

ONG: "El origen de los querellantes evidencian la persecución"

Para las ONG, esta "conjunción temporal" de tres procesos diferentes contra Garzón y el origen de los querellantes "evidencian la persecución de la cual es víctima" el magistrado.

Opinan por ello que tanto la sentencia que lo inhabilitó como estos procesos "afectan a la credibilidad del poder judicial en España", que en su momento fue reconocido por amplios sectores de la comunidad internacional por el rigor y empeño en causas de Jurisdicción Universal, de lucha contra el crimen organizado, encabezadas en particular por Garzón, poniendo en riesgo su vida.

La condena contra Garzón del 9 de febrero, que supone la pérdida de su condición de juez, cerró -recuerdan- un procedimiento abierto por la investigación que realizaba en el caso de corrupción política «Gürtel», que involucra a miembros del Partido Popular, hoy en el poder.

Los firmantes, que instan al Gobierno y al Poder Judicial españoles "a garantizar la independencia e imparcialidad judicial" en España, subrayan su reconocimiento a Garzón por sus actuaciones "independientes, rigurosas y conformes a las obligaciones internacionales".

Apoyan, igualmente, "todo procedimiento que contribuya al restablecimiento de su buen nombre y su condición de magistrado".

Creen que otros jueces actuaron como Garzón en Gürtel y no fueron enjuciados

Señalan que en el llamado caso "Gürtel", Garzón fue condenado por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de los detenidos que "habrían seguido delinquiendo desde la cárcel con el apoyo de algunos de sus abogados".

"Otros jueces españoles" actuaron del mismo modo "en casos similares", pero "nunca fueron enjuiciados", han añadido.

Sin olvidar que para toda organización defensora de los Derechos Humanos la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente "es un principio fundamental",  las ONG destacan que el propio fiscal del juicio solicitó la absolución de Garzón.

Sin embargo, resaltan, el Tribunal Supremo negó "la práctica de pruebas solicitadas por la defensa" y negó también las recusaciones planteadas contra algunos de los magistrados.

La misiva precisa que el magistrado esta pendiente de sentencia en el juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, caso abierto por la denuncia de un sindicato de la extrema derecha española, en el que el fiscal también solicitó la absolución.

"Para nosotros -recalcan- es inaceptable y lamentable que en una democracia como la española se vulnere de esta forma la independencia de la justicia criminalizando a un juez que utilizó esta independencia" para aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus decisiones judiciales.

Los firmantes apoyan las preocupaciones expresadas por un grupo de expertos de Naciones Unidas, encabezados por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y por los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.