El juez desestima la demanda de Fernando Martín contra los antiguos gestores de Fadesa

• Impone al presidente de Martinsa-Fadesa el pago de las costas del proceso
• Fernando Martín reclamaba 1.576 millones de euros por "daños en la fusión"

El juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha desestimado la demanda que interpuso el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, contra los antiguos gestores de Fadesa, Manuel Jove y Antonio de la Morena, a los que reclamaba 1.576 millones de euros por daños en el patrimonio durante la fusión entre ambas compañías.

De acuerdo con la sentencia a la que cita Efe, el juez Pablo González-Carreró ha impuesto a Martín el pago de las costas del procedimiento una vez que sea firme la sentencia, y que según las fuentes jurídicas consultadas podría ascender a entre 15 y 20 millones de euros.

El litigio que enfrenta a Martín contra Jove y De la Morena trae causa en una supuesta sobrevaloración de 37 activos que Fadesa aportó en el marco de la opa que Martinsa lanzó por ella, a finales de 2006, por 4.045 millones, lo que había supuesto a la inmobiliaria un grave daño patrimonial.

El consejo de administración de Martinsa-Fadesa acordó solicitar el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) el 14 de julio de 2008, tras constatar "graves dificultades" de tesorería. Esta fue la primera suspensión de pagos de una inmobiliaria cotizada en Bolsa en España.

Valor "contractualmente" fijado

En su sentencia, el juez argumenta que el valor de Fadesa quedó "contractualmente" fijado el 28 de septiembre de 2006, cuando se suscribió el contrato de fusión con los detalles de la operación, y descarta que se arbitrase "un plan previo a la venta" de la compañía gallega "para sobrevalorar sus activos".

El juez ha atendido el principal argumento que esgrimieron la defensas de Jove y De la Morena durante el juicio, cuando sostuvieron que Martín no sólo tuvo acceso y conocía al detalle todos los datos de la compañía que compraba, sino que además los utilizó.

En su escrito, subraya que, como empresa cotizada que era Fadesa,  lo que compró Martín "fueron acciones y no activos". Según el informe que elaboró durante la fusión la consultora CB Richard Ellis, el valor de esos activos aportados rondaba los 2.700 millones.

La defensa de Martinsa-Fadesa, que presentó la demanda justo después de salir de concurso de acreedores, el mayor de la historia de España, aseguró que Fadesa facilitó a la consultora datos "falsos e incorrectos" en un acto "doloso" que supuso un daño de 1.574 millones en el patrimonio de la compañía.

La sentencia destaca que Martín encargase a la consultora valoraciones posteriores, y destaca que no sólo no las cuestionase sino que "lejos de quedar defraudadas las expectativas de Martisa, la nueva valoración las confirmaba muy satisfactoriamente".

Desconocía el estado de los activos

Durante el juicio, el letrado Javier Juste, que representó a Martín, insistió en que éste desconocía el estado real de los activos de Fadesa cuando compró la compañía porque se había falseado la información que se entregó a la consultora. En las declaraciones de Jove y De la Morena en el juicio, ambos negaron la existencia de un plan para sobrevalorar los activos de Fadesa y explicaron que no eran ellos encargados de facilitar los datos para la valoración de la compañía.

Jove explicó que meses después de cerrarse la operación de venta, Martín le llamó para decirle que necesitaba 200 millones, que le pagó por la recompra de algunos activos de Fadesa con el compromiso explícito de que el abono de esa cantidad le imposibilitaba a presentar cualquier tipo de demanda.

Entre las irregularidades que denunciaba Martín destacan que se catalogasen como urbanizables espacios protegidos, que se adjudicasen terrenos que no eran de titularidad de la compañía o que se definiesen como obra en curso suelos que aún no eran urbanizables, carecían de licencia de obra o tenían tramitaciones urbanísticas pendientes.

Debido a la elevada cantidad que se reclamaba, sin precedentes en España, el juez recomendó en su día a las partes que estudiaran la posibilidad de acudir a un arbitraje extra judicial o a algún acuerdo, a causa de los riesgos que podría suponer para la demandante asumir las costas del proceso o para la demandada la indemnización solicitada.