El PSOE recurrirá ante el Constitucional la reforma laboral si no cambia el texto

• El PSOE presentará una enmienda a la totalidad y enmiendas parciales
• Los socialistas ven inconstitucional el periodo de prueba de un año
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El PSOE recurrirá ante el Constitucional la reforma laboral

EL PSOE considera que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del  PP vulnera claramente la Constitución y, por tanto, recurrirá la norma ante el Alto Tribunal si no se corrige su articulado en el trámite parlamentario. Los socialistas han decidido presentar en el Congreso una enmienda a la totalidad, pero también enmiendas parciales al texto.

La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha señalado que el despido libre en los contratos de un año en empresas de menos de 50 trabajadores no es  acorde con lo que establece la Constitución ni tampoco lo es la  posibilidad que establece la reforma laboral de bajada unilateral de salarios por parte del empresario.

Ha indicado que "hay causa jurídica suficiente y clara vulneración de la Constitución, y si el Gobierno no procediera a la retirada del decreto legislativo el PSOE estaría a las puertas del Constitucional con un recurso".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que respeta la decisión del PSOE de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral del Gobierno. Sin embargo, ha precisado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con 5,2 millones de parados lo "más constitucional" es trabajar para hacer efectivo el derecho al trabajo a todos los ciudadanos.

Según Sáenz de Santamaría, eso es lo que busca el Gobierno, que se pongan en marcha reformas estructurales para que los parados puedan acceder a un puesto de trabajo. Preguntada por si el Gobierno está dispuesto a modificar la reforma laboral en su tramitación parlamentaria, ha respondido que el PP está dispuesto a analizar las enmiendas o aportaciones de todos los grupos. Por ello, ha dicho que poco confía el PSOE en sus enmiendas si ya anuncia un recurso de inconstitucionalidad.

Derecho al trabajo y la igualdad ante la ley

Entienden los socialistas que la reforma laboral en sus términos actuales vulnera varios artículos de la CE empezando por el 35, que reconoce el derecho al trabajo, y supone, por tanto, que su extinción ha de responder a una causa justa prevista de antemano.

Creen que lo vulnera el nuevo contrato con periodo de prueba de un año durante el cual el despido es libre, porque su imposición "desnaturaliza" la propia esencia del periodo de prueba, que debe tener distinta duración en función de la cualificación del trabajador y siempre "razonable".

Además, el hecho de que ese contrato se imponga sólo en las empresas de menos de 50 trabajadores y no en las demás vulneraría el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, al implicar una clara discriminación entre unos trabajadores y otros.

Por extensión, apunta Soraya Rodríguez, viola también el precepto constitucional que obliga a los poderes públicos a promover ese principio de igualdad para hacerlo efectivo. También creen que la reforma viola el artículo 37.1, que encomienda a la negociación colectiva la fijación de las condiciones de trabajo.

Primero, porque la reforma permite dejar el cumplimiento del contrato en manos exclusivas del empresario; segundo, porque prohíbe a los convenios colectivos regular determinadas condiciones de trabajo, y tercero, porque impone directamente determinadas condiciones, como el sistema de clasificación profesional.

Sin tutela judicial efectiva

Asimismo, la portavoz socialista señala que la reforma puede vulnerar el artículo 24 de la Constitución, que consagra la tutela judicial efectiva, porque impide a la jurisdicción laboral atender de forma adecuada a los trabajadores que puedan ver agredidos sus derechos y verificar de forma efectiva si existen causas legales para el despido o para la modificación unilateral de las condiciones de trabajo.

Recuerdan, además, que la imposición de un arbitraje por parte de un tercero para determinar las condiciones de un descuelgue en el convenio ya fue declarada inconstitucional en 1981.

El recurso del PSOE, incluso en el caso de ser admitido a trámite por el Constitucional, no supondría la suspensión en la aplicación de la ley, y no habría por tanto modificación alguna en su vigencia hasta, en su caso, la sentencia.