Los alumnos del colegio de Madrid que iba a ser embargado vuelven a clase con normalidad

• El centro iba a ser embargado por una deuda a la Seguridad Social
• Los padres muestran su apoyo al centro y no descartan denunciar

Los alumnos del colegio Santa Illa de Madrid, unos 150 de entre 3 y 17 años, han regresado hoy a las clases mientras que el propietario del centro busca una solución para saldar la deuda de cerca de un millón de euros con la Seguridad Social.

Los alumnos del colegio Santa Illa, cuyos bienes fueron embargados la semana pasada por una deuda con la Seguridad Social que asciende a un millón de euros han regresado a sus clases con normalidad tras un parón el viernes pasado.

Los más madrugadores han llegado a las 8.00 horas de este lunes acompañados de sus padres, que en general, no han descartado emprender acciones jurídicas contra la Tesorería General de la Seguridad Social, y en concreto, contra la persona que dio la orden con los alumnos dentro de clase.

Los padres han mostrado su apoyo al centro educativo y han tachado de "incorrecta" la acción de la Administración por llevarse el mobiliario en presencia de los alumnos. Además, desconocían la deuda que tiene el centro y, si emprenden acciones legales, lo harán de forma conjunta contra la Seguridad Social.

En declaraciones a los medios, Diana Carrillo, madre de uno de los niños del colegio, ha afirmado que temen que "actuaciones de este tipo se repitan" y, a la pregunta de si el director les debería haber avisado, ha asegurado que "nadie en sus cabales espera que vayan a entrar a llevarse el mobiliario en presencia de menores". "El problema no es lo que debe el dueño, sino cómo se ha ejecutado el embargo", ha añadido.

Por su parte, el director técnico del centro educativo, Manuel Díaz, ha señalado a los medios que desconoce si la empresa responsable del centro denunciará la situación, aunque ha señalado que lo que "no pueden ser las formas con las que se hizo" el embargo.

La Seguridad Social había avisado

La Seguridad Social ha explicado que todo ha sido consecuencia de las reiteradas negativas de la sociedad anónima a buscar una solución y que negó en 2010 el acceso a sus instalaciones a técnicos de la Administración.

Por este motivo, la Seguridad Social solicitó autorización judicial para acceder a las dependencias y embargar los bienes, "en cumplimiento del artículo 102 del Reglamento" y el 23 de enero de 2012, el Juzgado competente autorizó el embargo concediendo un mes para la entrada al centro de los agentes judiciales.

Este plazo se cumplía el jueves, ha explicado, al tiempo que han asegurado que "tanto los trabajadores como el administrador de la empresa estaban en preaviso de que se agotaba el plazo legal y convinieron en evitar el desconcierto entre los usuarios, que supuestamente iban a ser informados de estas novedades".