El Gobierno indemnizará a Otegi con 20.000 euros por daños morales por orden del Tribunal Europeo

• Debía pagar para evitar una sanción del TEDH si no acataba la sentencia
• Estrasburgo consideró "desproporcionada" la condena a Otegi por injurias al rey
• Gallardón dice que acatan la sentencia "con disgusto"

El Gobierno pagará 20.000 euros a Arnaldo Otegi por daños morales para evitar una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en marzo del año pasado condenó a España a indemnizar al exportavoz de Batasuna por haberle impuesto una condena "desproporcionada" por injurias graves al rey en 2003.

El Ministerio de Justicia ha dado la orden de pago a la Caja General de Depósitos del Tesoro y se hará efectiva en las próximas horas, han informado a Efe fuentes del Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

El TEDH condenó a España a indemnizar con 20.000 euros a Otegi y pagar otros 3.000 euros en concepto de costas en una sentencia del 15 de marzo de 2011 por haberle impuesto una condena "desproporcionada", un año de cárcel, por un delito de injurias graves al rey en 2003.

La sentencia se convirtió en firme el 19 de septiembre de 2011, al rechazar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el recurso presentado por el Gobierno español para que la Gran Sala de la Corte revisara la primera resolución.

Según el TEDH, "una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Para el Tribunal de Estrasburgo, "en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión".

Otegi llamó "torturador" al rey

El 26 de febrero de 2003, Otegi dijo que el rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y la violencia".

El Ejecutivo estaba obligado a cumplir la sentencia del TEDH antes del próximo mes de marzo para evitar una sanción.

El procedimiento de ejecución de una sentencia firme establece que, en el plazo máximo de seis meses, el Estado que haya sido condenado debe remitir al Tribunal Europeo un informe que debe incluir las medidas individuales para reparar la violación de derechos humanos, el pago de indemnizaciones y las medidas generales adoptadas para prevenir futuras violaciones similares.

En declaraciones a Onda Cero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado su "discrepancia" con la sentencia, pero también su "acatamiento", "con disgusto", dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con los convenios firmados por España, tiene jurisdicción sobre asuntos ocurridos en nuestro país.

Gallardón afirma que acatan las resoluciones judiciales

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que su departamento ya ha procedido a  ejecutar la sentencia que en marzo del pasado año condenó a España a  pagar 20.000 euros -más 3.000 de costas- al exportavoz de Batasuna  Arnaldo Otegi por los "daños morales".

Durante la rueda de prensa celebrada conjuntamente con la  consejera de Justicia del País Vasco, Idoia Mendía, con la que ha  mantenido un encuentro, el titular de Justicia ha señalado que España  es "un Estado que acata las decisiones judiciales, incluso de  aquellas de las que discrepa", y ha mostrado su "coincidencia plena"  con las resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal  Constitucional que condenaron a Otegi.

“Lo hacemos sin ningún tipo de satisfacción“

"Lo hacemos sin ningún tipo de satisfacción, reiterando nuestra  discrepancia y ello no supone ninguna descalificación al Tribunal  Europeo ni a las personas que la han adoptado", ha manifestado el  ministro.

Preguntado por el informe que a finales de este mes debe ser  presentado a Estrasburgo sobre las medidas adoptadas en España para  evitar condenas como las de Otegi en el futuro, Ruiz-Gallardón ha  afirmado que " la garantía del cumplimiento de los derechos humanos  es absoluta" porque nuestro estado de Derecho "tiene una fortísima  salud".