El Gobierno vasco no buscará culpables ni juzgará ni sancionará a nadie por los abusos policiales

• Posteriormente otro decreto reconocerá casos posteriores a 1978
• La consejera de Justicia dice que no se va a buscar culpables ni a juzgar
• Una comisión evaluará quiénes son víctimas de malos tratos

La consejera de Justicia, Idoia Mendía, ha asegurado este jueves que un decreto que el Gobierno vasco prepara reparará a las víctimas que sufrieron abusos policiales entre 1968 y 1978, pero no va a buscar a los culpables, ni juzgar a nadie.

En un desayuno informativo ha presentado este borrador en Madrid y ha anunciado que a este le seguirá otro para los casos posteriores a 1978.

Ha dejado claro que en el País Vasco solo ha existido una violencia, la de ETA, pero ha reconocido que en ese tiempo también hubo algunos casos puntuales de violencia policial.

Mendía ha dicho que esta iniciativa parte de la aprobación de una proposición no de ley del Parlamento vasco en marzo de 2011, que mandaba al Ejecutivo que fijara los criterios para ser considerado víctima y reparar los daños causados, de los que están fuera las personas fallecidas o heridas por actos violentos causados por ellos mismos.

El terrorismo no puede justificar la violencia policial

En su opinión, el terrorismo de ETA no puede justificar la violencia puntual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de que en el período 1968-1978 vivieran en "alerta permanente".

"Si hoy estamos donde estamos, en el punto final de ETA -ha dicho-, es por la magnífica labor que han desarrollado las Fuerzas de Seguridad del Estado", aunque "los comportamientos aislados se tienen que sancionar, pero este decreto no va a sancionar a nadie".

Ha agregado que hasta 1978 el Estado era totalitario, con prácticas policiales ilegítimas, que provocaron sufrimiento a muchas personas, y que la norma del Gobierno pretende ser un instrumento útil, que ayude a la convivencia y a legitimar el Estado de derecho.

No ha precisado a cuántas personas afectará, ya que las cifras que manejan algunos colectivos son muy imprecisas, por lo que una Comisión evaluadora decidirá "en una labor rigurosa de comprobación" quiénes son consideradas víctimas de estos malos tratos.

Ese órgano fijará un plazo para las reclamaciones y la exmagistrada Manuela Carmena, que coordina este asunto, recabará datos de los tribunales de los fallecimientos en esos años por estos motivos.

La izquierda abertzale considera que se podrían acoger unas 5.000 personas en todo el período, mientras que algunos informes, como uno presentado en el Parlamento vasco, cifra en sesenta las víctimas de la violencia policial entre 1968 y 1978.

"A la izquierda abertzale le gusta hacer suyas a estas personas -ha proseguido-, pero no es así. En la mayoría de los casos las víctimas son ajenas a la política".

Hasta 135.000 euros por fallecimiento

El decreto cuenta con una partida de un millón de euros y las indemnizaciones oscilan entre los 135.000 euros por fallecimiento y los 35.000 por una incapacidad permanente parcial.

Tras enunciar varios casos con resultado de muerte de esa violencia policial, especialmente en manifestaciones y controles policiales, Mendía ha destacado que es importante poner en valor a las instituciones, también la policial, y reconocer cuándo ha habido excesos, porque eso legitima también a las FSE.

Respecto al recelo del PP a esta iniciativa, ha indicado que ese partido votó a favor de las normativas para el reconocimiento de las víctimas, y en cuanto al rechazo de las asociaciones de víctimas de ETA y de sindicatos policiales, ha contestado que "no es una comisión judicial, sino de carácter reparador y de reconciliación de las instituciones".

"El afán no es establecer quién fue el autor de la muerte -ha continuado- y no vamos a buscar a los culpables, sino a reparar el hecho".

A las víctimas de ETA les ha recordado que si se está en el final del terrorismo es, entre otras cuestiones, porque el lehendakari, Patxi López, ha tenido una tolerancia cero con la violencia en los espacios públicos, la colaboración con el Ministerio del Interior y el plan de educación para la convivencia y la tolerancia.

El borrador del decreto ha sido enviado a los partidos parlamentarios, las Diputaciones, la Federación de municipios y numerosas coordinadoras y asociaciones relacionadas con la violencia, como el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo.