El plan de pago a los proveedores de las corporaciones se eleva a 35.000 millones de euros

• El crédito sindicado, por diez años, pensado para pagar las facturas pendientes
• Las corporaciones pagarán "alrededor del 5%" de intereses a los bancos
• De Guindos califica el plan de "la operación financiera más importante"

El Consejo de Ministros ha aprobado de forma definitiva el plan de pago a los proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas, anunciado la semana pasada, que establece un préstamo de 35.000 millones de euros para todas las administraciones. Esta es la cantidad que respaldará el Estado, que a su vez tendrá el aval de los ingresos de las corporaciones.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha subrayado que el préstamo sindicado deberá ser devuelto en 10 años y que tendrá un periodo de carencia de dos. En esos dos años, las administraciones solo deberán pagar los intereses.

El acuerdo se hará extensivo este martes a las  comunidades autónomas, durante la reunión del Consejo de  Política Fiscal y Financiera convocada. Un día después se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local para comunicar el plan a las entidades locales. Según especifica la reseña del Consejo de Ministros, "el importe al que se puede llegar (...) asciende a 20.000 millones" para estas últimas. El Gobierno espera "una cantidad similar" para las CC.AA.

"Las administraciones tienen que tener presente que a partir de ahora se tiene que pagar", ha señalado la también portavoz del Ejecutivo, que ha calificado el plan como "una medida clave (...) para erradicar uno de  los problemas de nuestra economía, la morosidad, que se ha llevado por  delante a muchas empresas y muchos puestos de trabajo", señala Efe.

“Es la operación financiera más importante que se ha realizado en España“

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que "prácticamente todos los bancos españoles van a entrar, incluído el ICO, porque es un crédito sindicado". Y ha señalado que el crédito tendrá un tipo de interés "en torno al 5%" que se calculará de esta manera: el interés de los bonos españoles a cinco años "más 115 puntos básicos" (1,15%). En estos momentos esa fórmula sitúa ahora el interés en el 4,70%, señala Efe.

Apoyo a las empresas

"Es la operación financiera más importante que se ha realizado en España", ha destacado el titular de Economía, que ha señalado que las empresas "están sometidas ahora a un doble estrangulamiento" provocado porque no fluya el crédito y por el impago de las administraciones públicas.

En la misma línea se ha pronunciado Sáenz de Santamaria, que ha afirmado que el plan es un "mecanismo que busca la máxima agilidad y rapidez en el pago de las facturas y que tiene como objetivo fundamental apoyar a las pymes, autónomos, empresarios y emprendedores, que son los que crean empleo en este país".

Sin embargo, la portavoz ha querido destacar que estas empresas, "sin embargo, se han visto abocados a cierres o situaciones concursales, como consecuencia de los impagos de la administración".

Ley de Estabilidad Presupuestaria

Además, el Ejecutivo ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y lo ha enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria urgente, una vez que el Consejo de Estado ya ha valorado la nueva norma.

"Entre las recomendaciones incorporadas se incluye una mayor precisión para poder recurrir al Tribunal Constitucional las disposiciones contrarias a los principios de estabilidad presupuestaria", se anuncia en la reseña del Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que la acumulación de déficit público y el incremento de la deuda pública es un problema al que se enfrenta la economía ya que los intereses en el pago de la deuda retraen recursos para la inversión o para el crédito a familias y empresas, señala Efe.

"No podemos pasar a nuestros hijos los errores de una mala gestión del control del déficit público", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno.

La Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, aprobada el pasado 27 de enero por el Ejecutivo, desarrolla la reforma constitucional pactada el pasado mes de septiembre de 2011.  Esta ley obliga al déficit cero en todas las administraciones públicas para el año 2020 si no hay circunstancias especiales.