Guerrero declara a la juez de los ERE que recibió "indicaciones" de Presidencia para dar ayudas

• El exdirector de Trabajo dice que "nada se hizo a espaldas de la Junta"
• Se le imputan delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad
• Guerrero se siente "inocente" en el caso de los ERE

Declara Francisco Javier Guerrero por el caso de los ERE irregulares

El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles ante la juez que investiga los ERE irregulares que que recibió "indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" y del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, para que concediera determinadas ayudas a empresas. También ha dicho que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".

Guerrero, que volverá a comparecer ante la juez mañana jueves tras declarar hoy en sesión de mañana y tarde, ha señalado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que recibió un documento escrito del "Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" donde se le decía que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político".

Según han dicho a los periodistas varios letrados personados en la declaración, Guerrero ha asegurado que Barberá, imputado también en la causa, le dijo que "solucionara sí o sí" lo relacionado con la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que, según ha añadido, "supuso un incremento de 26 millones de euros en el presupuesto que no tenía".

Además, el exdirector general de Trabajo ha aseverado que "informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales", quienes "jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo ayuda".

"Toda la Junta lo conocía"

Así, ha asegurado que las presuntas irregularidades en las ayudas sin control eran conocidas por los sucesivos consejeros de Empleo, por toda la Junta de Andalucía y que incluso los consejeros se preocupaban por los fondos destinados a sus provincias de origen.

"Toda la Junta lo conocía, el consejo de Gobierno y el presidente conocían el sistema porque era un dato objetivo", ha dicho Guerrero en una de sus respuestas, según han afirmado a los periodistas abogados personados en la causa.

Según estas fuentes, Guerrero ha declarado que los expedientes que él elaboró estaban completos, "y si ahora no lo están es porque alguien los ha destruido", momento en el que la juez le ha pedido que identifique a quien haya podido ordenarlo y el imputado ha manifestado que "su hipótesis es que han sido el consejero o viceconsejero" de Empleo.

Guerrero, según el medio centenar de abogados presentes, se ha mostrado tranquilo en su declaración y solo ha negado enfáticamente con la cabeza cuando la juez Alaya, al comienzo del interrogatorio, le ha leído los hechos que le imputa, entre ellos irse de copas y a consumir cocaína después de concluir la jornada laboral, según lo manifestado por su chófer a la Policía.

Respecto al convenio marco por el que la Junta cambió en 2001 su sistema de ayudas, ha afirmado que a él no le gustaba porque era "discrecional" y "le hubiera gustado una orden o decreto para que pudiera llegar a más gente".

Cada consejero se preocupaba por las ayudas a su provincia

Guerrero ha asegurado que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y así Gaspar Zarrias se interesaba por las de Jaén, Isaías Pérez Saldaña por las de Huelva y Jose Antonio Viera por las de Sevilla.

En el caso de una de las empresas investigadas, Cárnicas Molina de Jaén, ha declarado que "se hicieron concesiones tácitas que no estaban en el papel" porque el principal objetivo era "mantener la paz social".

La juez Alaya ha imputado a Guerrero, que dijo a su llegada al Juzgado sentirse inocente, presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tres de falsedad: dos en documento oficial y uno en documento mercantil.

La juez ha dedicado la sesión de tarde a preguntar por algunos del medio centenar de imputados hasta ahora y Guerrero ha respondido que él no incluyó a ningún "intruso" en los ERE, y que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, no le presionó para que introdujera a dos concuñados suyos en otras tantas compañías.

La acusación particular que ejerce el sindicato Manos Limpias tiene previsto pedir prisión para Guerrero, que ya ha comparecido hasta ahora en dos ocasiones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien declaró que el consejero y el viceconsejero de Empleo estaban informados de cómo se concedían las ayudas y de que en la consejería se destruyeron papeles cuando estalló el caso de los ERE fraudulentos.

La causa por los ERE irregulares y otras ayudas de la Junta acumula ya 41 tomos, 16.000 folios, y en los últimos meses se han producido declaraciones que se han prolongado hasta la noche como la realizada el pasado 21 de diciembre por Venancio Gutiérrez, exsecretario del Ayuntamiento de Sevilla que compareció como testigo y cuyas respuestas quedaron plasmadas en 69 folios.