El SUP denuncia identificaciones masivas de inmigrantes sin justificación en Madrid

• En cuatro días de febrero hubo 370 arrestados por este motivo en Madrid
• El sindicato policial mayoritario califica estos datos como "demoledores"
• IU también denuncia el alto número de detenciones por "motivos raciales"

El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que los agentes se ven obligados a efectuar en Madrid un desmesurado número de detenciones de inmigrantes por estancia ilegal, y de hecho en cuatro días de febrero hubo 370 arrestados por este motivo y 33 por atentado o resistencia a la autoridad.

El SUP ha elaborado una estadística, a la que ha tenido acceso Efe, con los datos recabados lo días 9, 10, 12 y 13 de febrero, en los que fueron detenidas en la Comunidad de Madrid un total de 786 personas, la mayoría de ellas, el 47,07 % (370), por estancia ilegal en España. De estos 370 detenidos, 113 fueron arrestados el día 9; 114 el día 10; 57 el día 12 y 86 el día 13.

Los siguientes motivos de detención durante esos cuatro días fueron reclamaciones judiciales (77 arrestados, un 9,79 % del total) y hurto (también 77), seguidas por delitos de malos tratos (52, el 6,61 %) y robo con fuerza (48, el 6,10 %).

El SUP ha destacado el elevado número de detenciones por atentado o resistencia a la autoridad contabilizados esos cuatro días, 33 arrestos (el 4,19 %).

En la publicación del sindicato "Carné por puntos", el SUP califica estos datos como "demoledores", y advierte de que para tener una perspectiva completa se precisarían datos como "a cuántas decenas de miles de personas" se identificó esos días, o cuántos de los detenidos por no tener papeles quedaron en libertad.

El sindicato también se pregunta cuántas actuaciones contra policías se derivan "de esta práctica del sistema del 'palote' impuesto por los socialistas al margen de la legalidad y contra los derechos civiles de los ciudadanos", y "cuántos policías de todos los cuerpos de seguridad son condenados por ello".

El sindicato incide en que, si se elaborase una estadística sobre cuántos ciudadanos son acusados por no tener papeles cada año por todos las policías españolas, el resultado sería "un escándalo que superará con mucho a lo que país en cualquier país con democracia o sin ella".

Precisa que si se analizan los delitos de atentado contra agente de la autoridad y resistencia, se descubriría con seguridad que "la mayoría son cometidos por personas que se niegan a identificarse porque ya se les ha solicitado la documentación en numerosas ocasiones en fecha inmediatas sin justificación alguna".

El SUP sostiene que "la ley Corcuera está siendo mal aplicada y la sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que identificar cuando se tengan fundadas sospechas de que a quien identificamos ha cometido un delito o puede cometerlo, nada tiene que ver con la práctica de todas las policías (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil autonómicas y locales)".

El Sindicato Unificado de Policía es el mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía y ha denunciado en numerosas ocasiones que tanto en Madrid como en otras provincias españolas se producen identificaciones masivas de inmigrantes sin justificación.

IU denuncia redadas a inmigrantes por motivos raciales

Por su parte, Izquierda Unida quiere que el Congreso de los Diputados condene los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones y el propio SUP, vienen produciéndose en barrios con alta concentración de población inmigrante.

Con este objetivo, IU ha registrado una proposición no de ley, en la que denuncia que, además de suponer una "flagrante vulneración de los Derechos Humanos", este tipo de redadas provocan "la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos".

“Flagrante vulneración de los Derechos Humanos“

Los firmantes de la iniciativa subrayan que, aunque desde el Gobierno siempre se ha negado la existencia de este controles de identidad por este motivo, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido a las autoridades españolas la "erradicación" de estas actuaciones.

Según recuerdan, también la Comisión Europea, en su informe sobre Racismo y la Intolerancia de 2010, reclamó a España que asegure "una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por parte de las fuerzas policiales en todo el país".