Los parados podrán evitar el desahucio si la vivienda vale menos de 200.000 euros

• El Gobierno aprueba este viernes las buenas prácticas de la banca
• Será voluntario y los bancos deberán adherirse a la dación en pago
• El valor de la vivienda deberá situarse entre 120.000 y 200.000 euros

El Gobierno aprueba atenuar el impacto social de los desahucios.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un código de buenas prácticas dirigido a entidades financieras, que incluirá la posibilidad de que las familias con todos sus miembros en paro  puedan evitar el desahucio de sus viviendas, si su valor no supera los  200.000 euros, siempre que las entidades que concedieron sus hipotecas  se adhieran a él.

La iniciativa se incluye en el decreto ley de medidas urgentes en materia de ejecuciones hipotecarias para abordar el problema social de los desahucios en las personas con riesgo de exclusión social, de forma que el texto del código de buenas prácticas, según fuentes del Ministerio de Economía citadas por Efe, establecerá las condiciones que deben cumplir las familias para que se las considere bajo el riesgo de exclusión y poder evitar el desahucio por impago.

La primera condición para que el código de buenas prácticas se pueda aplicar, según las mismas fuentes a las que cita Efe, será que la vivienda sea la primera y única que posee la familia, que deberá tener todos sus miembros en paro o sin ningún tipo de renta por actividad económica. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80 % de los ingresos netos del conjunto de la familia.

Otro de los factores determinantes para evitar el desahucio será que el valor de la vivienda afectada se situará entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño del municipio.

Riesgo de exclusión

Fuentes financieras a las que cita Efe han añadido que también se estudia la opción de considerar que el riesgo de exclusión de una familia estará "agravado" cuando el titular de la vivienda sea mayor de 65 años o tenga una discapacidad. Igual sucedería en los casos en los que tenga menores a su cargo, hijos mayores con una minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o ascendientes mayores de 65 años.

Las mismas fuentes dan por hecho que el decreto ley contendrá asimismo una rebaja en los intereses de demora en los pagos que no se puedan afrontar, y cuya tasa anual no podrá ser superior al 1,5% sobre el saldo vivo del crédito.

Está previsto que el decreto-ley incluya también una reforma de todos los procedimientos de ejecución, para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes, así como la creación de un nuevo sistema de subastas de viviendas on line.

Dación en pago, siempre voluntaria

El código de buenas prácticas incluirá medidas que tendrían un difícil encaje en el ordenamiento jurídico, como ocurre por ejemplo con la dación en pago, en el que la entrega de la vivienda al banco salda la deuda hipotecaria. Además de que obligar por ley a la dación en pago de manera retroactiva sería cuestionable, Economía cree que ello encarecería las hipotecas, ya que las entidades acabarían trasladando el coste al cliente.

En este código, por tanto, se incluirá la dación en pago voluntaria para los colectivos en riesgo de exclusión, una posible moratoria de dos años antes del desalojo o la posibilidad de abonar durante ese plazo una cantidad equivalente a un alquiler.

Otra de las medidas voluntarias sería que los bancos aceptasen asumir parte de su error al tasar muy cara una vivienda. Economía se muestra confiada en que las entidades acabarán asumiendo este código, dado que para ellas el desahucio es la última solución, y por el fuerte malestar que genera.

Coste de reputación

Los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, con lo que deberán afrontar el coste de reputación que le suponga no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar su hipoteca.

Solo dos días antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde al código de buenas prácticas, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Plural para regular la dación como pago de la vivienda. La moción fue apoyada por Grupo Mixto y PNV, el Partido Popular la rechazó y el PSOE se abstuvo.

Por otro lado, el Gobierno también detallará este viernes el decreto ley, aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados, que permite a los ayuntamientos pagar las deudas pendientes con sus proveedores.