El fiscal pide dos años y cuatro meses de cárcel para Díaz Ferrán por la compra de Aerolíneas

• La Fiscalía pide prisión para Díaz Ferrán por un delito contra Hacienda
• Pide una multa por el impago del Impuesto de Sociedades de 2002

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado dos años y cuatro meses de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio en el grupo Marsans, Gonzalo Pascual, por presuntos delitos fiscales en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002, según el escrito de acusación.

El fiscal Miguel Angel Carballo pide así la apertura de juicio oral contra ambos, así como contra el exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, para que el que se solicita la misma pena de cárcel.

La Fiscalía solicita que todos paguen un multa conjunta de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades de 2002, derivado de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet y Viajes Marsans.

Este será el primer juicio penal que afrontan el expresidente de la patronal y su antiguo socio por la gestión de sus empresas.

Ambos declararon esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional  Santiago Pedraz por presunta apropiación indebida de 4,4 millones de  euros procedentes de las reservas de viajes de los clientes de grupo  Marsans.

La operación de venta

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92% de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1% de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI. La Fiscalía considera a estas tres empresas responsables civiles del delito fiscal.

Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, Carballo pide también que los acusados pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros.