La Justicia británica analiza el caso de un hombre con parálisis que pide la autanasia

• Pide protección legal para el médico que le pueda ayudar a morir
• El Tribunal Superior ha aceptado escuchar sus demandas
• El Ministerio de Justicia cree que modificaría la legislación sobre el asesinato

El Tribunal Superior de Londres ha admitido este lunes a trámite el caso de un británico con parálisis total en plenas facultades mentales que pide protección legal para que, llegado el momento, un médico pueda ayudarle a morir sin afrontar cargos por asesinato.

Tony Nicklinson, de 58 años, sufre una parálisis completa de cuello para abajo ("Locked-in syndrome", en inglés) desde que en 2005 sufriera una apoplejía, que no afectó a su cerebro, pero le impide suicidarse.

El enfermo ha llevado su caso ante el Tribunal Superior, que ha aceptado que sus demandas sean escuchadas.

Este caso reviste gran relevancia pues el Ministerio de Justicia argumenta que lo que pide Nicklinson, es decir, protección legal contra cargos de asesinato para un profesional médico que, llegado el momento, termine con su vida, modificaría la legislación actual sobre el asesinato, algo que solo puede hacer el Parlamento.

El debate de la muerte asistida

El hecho de que el juez haya admitido este lunes el caso a trámite implica que se tendrán en cuenta en próximas vistas judiciales los testimonios de médicos sobre el caso de este paciente, padre de dos hijas adultas.

Tras conocerse que el tribunal daba luz verde a que el caso de Nicklinson salga adelante, su esposa, Jane, leyó un comunicado a la BBC en el que admitió su satisfacción "porque asuntos que rodean a la muerte asistida puedan debatirse en un tribunal".

La mujer ha indicado que su marido "solo quiere saber que, cuando llegue el momento, tiene una salida" y ha considerado que "ya no es aceptable que la medicina del siglo XXI esté gobernada por actitudes hacia la muerte del siglo XX".

Según el abogado que representa al Ministerio de Justicia, David Perry, la postura del enfermo "dice que un tribunal debería autorizar y permitir de forma legítima la acción deliberada de terminar con su vida".

"Eso no es, y no puede ser, la legislación por la que se rigen Inglaterra y Gales a menos que el Parlamento determine lo contrario", ha alegado.