Anticorrupción cree que Guerrero no dio una explicación que le exima del fraude de los ERE

• Cree que no dio razón que justificara su actuación
• Los delitos que le imputa tienen pena de hasta 18 años de cárcel
• Sostiene que podría "entorpecer" la investigación si queda en libertad

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo imputado por los ERE irregulares, porque en tres días de declaración no dio "razón plausible que justifique su actuación ni que le exima de ninguno de los hechos que le imputaron".

Según el acta de la comparecencia celebrada el pasado sábado, cuando Guerrero ingresó en prisión, la Fiscalía Anticorrupción argumentó que cada uno de los delitos continuados de prevaricación, cohecho, falsedad y malversación "tienen en abstracto penas de prisión que superan con holgura los dos años".

Pero además, el delito de malversación que se le imputa sería en su modalidad agravada, lo que unido a la aplicación de la continuidad podría suponer una pena de hasta 18 años de prisión, según el acta a la que ha tenido acceso Efe.

Las preguntas que le iba a hacer el fiscal, a las que Guerrero se negó a contestar, tenían por objeto concretar su participación y situación "en el grupo de personas responsables del despilfarro continuado del dinero público", sostuvo el fiscal.

Entorpecer la investigación

En caso de quedar libre, según Anticorrupción, Guerrero podría entorpecer el buen fin de la investigación, que "por el elevado volumen del fraude, se encuentra aún en estado inicial".

Su entorpecimiento vendría dado "no tanto por su capacidad de destrucción directa de fuentes de prueba, sino por la que estimamos evidente capacidad de influencia en otros imputados",  que se derivaría del "natural agradecimiento" que muchos beneficiarios de sus ayudas tienen hacia él.

La Fiscalía consideró que Guerrero es responsable "no solo del dinero dilapidado hasta su cese, sino también del que dejó comprometido".

La fianza de 933 millones de euros pedida por la Fiscalía -sobre la que la juez Mercedes Alaya resolverá en los próximos días- deriva de los 700 millones de euros efectivamente pagados por la Junta, a los que se tendría que sumar los gastos realizados al margen de la Tesorería y mediante el sistema de pagos cruzados, así como las pólizas de Río Grande y las individuales de siete "intrusos", todo ello con el incremento legal.