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La CPI condena a un ex rebelde congoleño por reclutar niños soldado en su primera sentencia

  • Thomas Lubanga alistó niños soldado menores de 15 años en el Congo
  • Es la primera sentencia que emite esta corte desde su creación en 2002

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La CPI declara culpable a un exrebelde congoleño por el reclutamiento de niños

La Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado culpable al ex líder rebelde congolés Thomas Lubanga de reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo.

"La Fiscalía ha demostrado sin lugar a dudas que el acusado Thomas Lubanga es culpable del alistamiento de menores de 15 años en un conflicto armado", han concluido los jueces en la primera sentencia que emite esta corte desde su creación en 2002.

Tras el veredicto de este miércoles, los magistrados anunciarán la condena en  una vista posterior, cuya fecha de celebración todavía no ha sido  fijada.

La decisión, que ha sido tomada por unanimidad de los tres jueces del  tribunal, también ha concluido que el acusado "sabía" y "era  consciente" del delito de reclutamiento de menores para las filas de su  grupo militar, el Ejército de Liberación de Congo, así como del  conflicto armado en la región

Los jueces también consideraron "probado sin lugar a dudas" que las  fuerzas dirigidas por Lubanga reclutaban a niños y niñas para que  intervinieran "activamente" en "hostilidades", los alistaban en sus  filas y les obligaban a realizar tareas domésticas y los "usaban" como  guardias personales de seguridad.

Niñas convertidas en "esclavas sexuales"

En el caso de las niñas, las obligaban a ser "esclavas sexuales" de  los comandantes, han confirmado los jueces, quienes recordaron que este  cargo no estaba incluido en la acusación. El cargo de violación a niñas  fue propuesto por la Fiscalía pero finalmente los jueces decidieron no  incluirlo entre otros motivos para agilizar el proceso.

La Fiscalía dirigida por el argentino Luis Moreno Ocampo acusó a  Lubanga de reclutar a menores de 15 años de la etnia hema en la región  de Ituri (sureste), para luchar en el conflicto armado local entre esa  etnia y la lendu, que se disputaban el control de las minas de oro en la  zona. Según la acusación de Ocampo, algunos "tuvieron que empuñar un arma a edades tan  tempranas como los nueve años"

La sentencia ha sido además crítica con la labor de la Fiscalía, que  según la opinión de los jueces "no tenía que haber delegado sus labores  de investigación en intermediarios" en la zona. Según los magistrados, que rechazaron el testimonio de tres testigos  por falta de credibilidad, el haber usado intermediarios aumentaba el  "riesgo" de que los testigos, especialmente los ex niños soldado, fuesen  susceptibles de manipulación.

En las últimas vistas del proceso, Lubanga, de 51 años, afirmó que actuó movido por "un espíritu de reconciliación", mientras que sus abogados acusaron a la fiscalía de haber manipulado "intencionadamente" los testimonios de "falsos niños soldados".

Obligados a empuñar armas con nueve años

Los representantes legales de Lubanga mantuvieron que ocho de los nueve niños soldados que testificaron durante el juicio llamados por la fiscalía nunca estuvieron alistados en las tropas del acusado y que, además, mintieron sobre su edad. Los fiscales apuntaron en sus argumentos finales que la culpabilidad de Lubanga, que ingresó en la prisión de la CPI en marzo de 2006, no daba lugar a "ninguna duda razonable".

En los dos años y cuatro meses que ha durado el juicio, los magistrados han escuchado los testimonios de 36 testigos por parte de la fiscalía y de 24 por la de la defensa.

Los niños soldados que testificaron explicaron el "horror" vivido al tener que luchar en las milicias rebeldes, obligados a matar a conocidos y desconocidos a una edad en la que apenas podían comprender lo que hacían.

Según la fiscalía, la vulnerabilidad de estos menores se puso en evidencia con el primer exniño soldado que declaró ante los jueces, cuyo testimonio tuvo que ser sopesado en varias ocasiones porque el muchacho llegó a decir que una ONG le había presionado para que declarara que había sido reclutado, aunque después se retractó de esta afirmación.

El largo proceso contra Lubanga sufrió un vuelco cuando la cámara decidió, en julio de 2010, paralizar el proceso y poner en libertad al acusado, tras argumentar que el fiscal Luis Moreno Ocampo se había negado a cumplir una orden de los jueces en la que se solicitaba identificar a uno de los testigos protegidos de los fiscales.

Otros juicios abiertos por crímenes de guerra en África

Esta orden fue anulada en agosto de 2010 por la Cámara de Apelación que, tras ordenar el reingreso en prisión de Lubanga, reconoció que los fiscales debían cumplir las órdenes de los magistrados, pero consideró que la medida de paralizar el juicio era desmesurada y podía sustituirse, por ejemplo, por sanciones a la fiscalía, con lo que el proceso pudo seguir.

De acuerdo con Human Rights Watch, Ituri -una de las áreas más afectadas por las guerras en la República Democrática de Congo- ha sido escenario de un conflicto armado local entre las etnias hema y lendu, que luchaban por el control de las minas de oro en la zona.

Creada en 2002 como primera corte internacional de carácter permanente, la CPI basa su funcionamiento en el Estatuto de Roma, que le permite juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos genocidio.

La CPI investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática de Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea del Norte y Nigeria.