El juez del caso Fabra incluye al exsenador del PP Prim con una fianza de 800.000 euros

• Habría presionado a altos funcionarios de Agricultura para agilizar licencias
• El juez revoca el auto que sacaba de la causa al exsenador 'popular'

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha ordenado de nuevo la apertura del juicio oral en la causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra tras incluir como imputado al exsenador y exdiputado del PP Miguel Prim, para el que se ha fijado una fianza de 800.000 euros.

El pasado 27 de enero el juez decidió tomar en consideración la decisión de la Audiencia de Castellón de revocar el auto que sacaba de la causa provisionalmente al exsenador Miguel Prim e inculparle en el caso Naranjax por un presunto delito de tráfico de influencias.

Prim, en su condición de senador por Castellón, habría presionado a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas de Vicente Vilar y Montserrat Vives, también imputados en el caso.

El pasado 20 de enero el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra el presidente provincial del PP de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros.

Carlos Fabra presentó una lista de bienes para su embargo a fin de cubrir la fianza y se mostró convencido ante los periodistas de que sería absuelto.

El exsenador Prim había quedado al margen de la causa en ese momento, pero a petición de la acusación particular, la Audiencia de Castellón y, ahora, el juzgado de Nules han considerado su imputación.

En la causa, abierta por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, también están acusados la exesposa del dirigente popular, Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives, cuyas fianzas suman un total de 3,3 millones de euros.

En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su exmujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.

El noveno titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules desde que se abrió esta causa, Jacobo Pin, ha decretado la apertura de juicio oral tras concluir el pasado 23 de diciembre la instrucción de la investigación abierta en 2003 contra Fabra, tras dos querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar.

Mediación para agilizar licencias de productos fitosanitarios

El juez considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su esposa entonces, Monserrat Vives, quien habría pedido a su amiga Amparo Fernández que Carlos Fabra mediara para conseguir la aprobación de los productos, según el relato del magistrado.

A raíz de estas actuaciones Fabra se habría reunido con varios altos cargos, entre ellos el entonces senador Miguel Prim, para tratar sobre los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios, y poco después se aprobó la autorización para uno de estos productos.

Además la causa recoge que entre 1999 y 2004 Fabra y su mujer defraudaron a Hacienda más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 euros por parte de su esposa.