Los ayuntamientos presentan casi dos millones de facturas pendientes por valor de 9.584 millones

• El Gobierno aumenta un 16% las líneas ICO para emprendedores
• Anuncia la extinción, fusión o desinversión en 85 empresas públicas

Los ayuntamientos deben 9.500 millones de euros en facturas

Las corporaciones locales han presentado 1.931.976 de facturas pendientes a proveedores por valor de 9.584 millones de euros hasta el pasado jueves 15 de marzo, fecha en la que se acababa el plazo para hacerlo. Así lo ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros en el que se han aprobado la extinción, fusión y desinversión que afectan a 85 empresas públicas, así como el aumento de la dotación de las líneas ICO para pymes.

Sobre el plan de pago a proveedores, Sáenz de Santamaría ha aclarado que a él se han acogido unos 5.000 ayuntamientos, pero que todas las cifras aportadas "son provisionales" porque aún se está cuantificando debido al gran volumen, pero también porque puede aumentar a lo largo del año ya que los acreedores de las corporaciones pueden pedir su inclusión si no lo ha hecho la administración correspondiente.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que ahora los consistorios tienen ahora 15 días para presentar el plan de viabilidad para devolver el crédito, pero ha destacado la importancia de este plan para las más de 110.000 pequeñas empresas que se van beneficiar de él.  En concreto, según los datos ofrecidos por Sáenz de Santamaría, son unas 63.500 pymes de menos de 25 trabadores y 50.259 autónomos, las dos terceras partes del total.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha remarcado que "esta es una medida histórica" no solo por el volumen de la misma, sino porque "esta va a ser la primera y la última vez que se va a realizar".

Refuerzo de líneas ICO

Además, el Gobierno ha aprobado el refuerzo de cinco líneas ICO para emprendedores y pymes, que ascenderán a los 22.000 millones de euros, "para desarrollar proyectos rentables".

La portavoz del Ejecutivo ha calificado la medida de "una buena herramienta" para las pequeñas empresas y los autónomos "que ha de gestionarse con responsabilidad". El aumento de la dotación fue avanzada este jueves por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

En concreto, se amplían las siguientes: la línea ICO-Inversión; que se dota con hasta 9.000 millones "para la compra de vehículos o maquinaria (...) y la financiación de circulante, una gran novedad; la línea ICO-Internacionalización, que se duplica con hasta 2.000 millones; la línea ICO-Liquidez, que llega ahora hasta los 8.000 millones "para aliviar tensiones de tesorería; la línea ICO-Emprendedores,  que pasa de 750 millones a 2.000 millones y la línea ICO-Vivienda, "para reformas y rehabilitación" de inmuebles, que cuenta con 1.000 millones.

También se ajustan los precios para que baje el coste para el cliente final como consecuencia de la mejora esperada  en el coste de financiación del ICO. Y se incrementa ligeramente el margen de  las entidades financieras con objeto de incentivar la comercialización  de las Líneas ICO (elmargen es la compensación que perciben las  entidades por asumir el riesgo de las operaciones).

Liquidación de empresas públicas

En el ámbito de la reducción de costes, y tal y como se había avanzado este jueves, el Consejo de Ministros ha aprobado la extinción de 24 de las 142 empresas públicas, el 17% del total, entre las que    se encuentran la Sociedad Pública de Alquiler, tal y como se había anunciado este jueves, o la sociedad creada para la venta del 30% de Loterías del Estado.

Además, el Estado desinvertirá su participación en otras ocho  sociedades  públicas, el 6% del total; agilizará la liquidación de  otras 13  empresas, venderá participaciones minoritarias que posee en 35 sociedades mercantiles más y fusionará, en total, nueve fundaciones. 

El consejo de ministros ha dado el primer paso para la reestructuración del sector público. Hoy ha aprobado un plan que afecta a 45 sociedades estatales y que incluye la desaparición de 24. Entre ellas está la Sociedad Pública de Alquiler y también algunas ya casi sin actividad. El Gobierno dice que lo que persigue es hacer una administración más eficiente.

Sáenz de Santamaría ha destacado que la medida afecta a 80 empresas públicas y busca "poner orden en casa, en la Administración General del Estado" y que se ha tomado bajo los criterios de "racionalidad, eficiencia y eficacia" del  sector público empresarial. "Dará mucha mayor transparencia hacia a los  ciudadanos sobre cómo se gestionan los ingresos públicos", ha afirmado.

“Se trata de poner orden en casa, en la Administración General del Estado“

"Algunas empresas llevan 20 años sin actividad", ha destacado la portavoz del Ejecutivo, que ha puesto varios ejemplos de empresas que siguen constituídas desde 1992, como Barcelona Holding Olímpico, y que ningún Gobierno desde entonces ha liquidado.

La portavoz del Gobierno no ha cuantificado el ahorro total que va a producir. Sí que ha señalado que el plan permitirá ahorrar 1.083.998 de euros anuales por las dietas de los 154 consejeros de las empresas públicas que dejarán de serlo.

En cualquier caso, la vicepresidenta ha adelantado que éste es el "primer  paso" en el proceso de racionalización del sector público y ha subrayado que  "seguirán otros a los largo de la legislatura".