El Gobierno aprueba el cierre de 24 empresas públicas estatales
- Supondrá ahorrar más de un millón de euros anuales en dietas de consejeros
- Afecta, entre otras, a la Sociedad Pública de Alquiler
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el cierre de 24 sociedades mercantiles estatales, lo que representa un 17% de las 142 empresas públicas, además de un aumento de la dotación de las líneas de crédito ICO para emprendedores y pymes, hasta 22.000 millones de euros.
El plan de reestructuración y racionalizacion del sector público empresarial supondrá el cierre, desinversión o agilización de la liquidación de 80 empresas públicas, lo que supone el 32% de las sociedades mercantiles estatales y, según el Ejecutivo, también pretende ser un "estímulo" para que las administraciones autonómicas y locales emprendan actuaciones similares.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la medida busca "poner orden en casa, en la Administración General del Estado" y que se ha tomado bajo los criterios de "racionalidad, eficiencia y eficacia" del sector público empresarial. "Dará mucha mayor transparencia hacia a los ciudadanos sobre cómo se gestionan los ingresos públicos", ha afirmado.
"Algunas empresas llevan 20 años sin actividad", ha destacado la portavoz del Ejecutivo, que ha puesto varios ejemplos de empresas que siguen constituídas desde 1992, como Barcelona Holding Olímpico, y que ningún Gobierno desde entonces ha liquidado.
Los consejos de administración de las sociedades afectadas por este plan deberán aprobar una estrategia de redimensionamiento para adaptar sus "estructuras organizativas, laborales o inmobiliarias", de forma que "en ningún caso se produzca un incremento de la masa salarial". En cualquier caso, la vicepresidenta ha adelantado que éste es el "primer paso" en el proceso de racionalización del sector público y ha subrayado que "seguirán otros a los largo de la legislatura".
Empresas que cierran
El Gobierno ha avanzado que la supresión de 154 consejeros en las sociedades mercantiles afectadas permitirá el ahorro de 1.083.998 euros anuales, en concepto de dietas. La mayor parte del recorte se concentra en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se suprimirán los cargos de 63 consejeros lo que supone un ahorro de 565.000 euros al año. Le sigue el Ministerio de Fomento, donde se suprimirán 68 consejeros con un ahorro de 288.899 euros, mientras en el Ministerio de Defensa y de Economía se recortarán 117.000 y 113.099 euros respectivamente, mediante la supresión de 11 y 12 consejeros en cada caso.
Entre las empresas que van a quedar suprimidas con esta medida se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE), creada para la privatización de un 30% de Loterías y Apuestas del Estado, que finalmente quedó congelada cuando iba a salir a Bolsa.
También resultan extintas Remolques Marítimos (Remolmar), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA) y Aguas de la Cuenca del Norte y Aguas de la Cuenca del Sur. Para las dos últimas se prevé la fusión con Aguas de la Cuenca del Ebro (Acuaebro).
Las empresas públicas estatales clausuradas son aquellas en las que la participación pública estatal es superior al 50%. La medida también va a afectar al sector de las fundaciones públicas, que se verán sometidas a operaciones de supresión o fusión.
Desinversiones y liquidaciones
El plan aprobado este viernes también comprende la desinversión mediante la venta de acciones en otras ocho sociedades, entre las que se encuentra Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (CYTASA).
Correos es otra de las empresas afectadas. El Gobierno ha aprobado el traspaso de la titularidad de las acciones a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde la Dirección General del Patrimonio del Estado en la que se encuentra. El Ejecutivo considera que las características de la SEPI se ajustan mejor a las de la empresa.
El Gobierno también pretende impulsar la liquidación de otras 13 sociedades mercantiles estatales inmersas en un proceso de estas características, como es el caso de Barcelona Holding Olímpico o Izar, dedicada a construcciones navales.
Por último, el acuerdo al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde supondrá la desinversión de la participación pública estatal en 35 sociedades donde esa participación es minoritaria.
Además, la intención del Ejecutivo es acometer una "reorganización en profundidad del sector público empresarial", con la creación de dos grupos de trabajo que presentarán propuestas en línea con los criterios de la OCDE para la creación de un mecanismo de supervisión financiera centralizado.
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