Enlaces accesibilidad

Los consistorios acogidos al pago de proveedores deberán detallar si piensan recortar personal

  • Cristóbal Montoro asegura que no tendrán que despedir a ningún trabajador
  • Los ayuntamientos tienen que decir si tienen previsto elevar los impuestos
  • El ministro de Hacienda subraya que las facturas se pagarán antes de verano

Ver también: formularios para proveedores y ayuntamientos (PDF)

Enlaces relacionados

Por

Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores  deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto  contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de  personal o la reducción de los salarios del mismo, según el modelo  publicado por el Ministerio de Hacienda y  Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes, en el que también deberán establecer si piensan subir impuestos.

El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes que los ayuntamientos no solo no tendrán que despedir a ningún trabajador, sino que se acabarán las tensiones que existen en algunos consistorios por, por ejemplo, el retraso del pago de las nóminas, informa RNE. Pero Montoro también ha señalado que las corporaciones no están para colocar.

"Parece que estamos ante oficinas de colocación y eso es un concepto equivocado", ha señalado el ministro, quien ha insistido en que los ayuntamientos "no están para contratar a gente, sino para contratar a gente que sirva a los ciudadanos", señala Efe. Según el ministro, "el que tiene que tener miedo es el que ha sido contratado para tener los brazos cruzados".

Montoro, que ha asegurado que la ley aspira a tener administraciones más eficaces y serias, ha destacado que CC.AA. y ayuntamientos habrán pagado sus facturas antes de verano.

Plan viable hasta 2022

Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 31 de  marzo al Ministerio un plan de ajuste en el  que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año  2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de  posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del  recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal,  tanto  reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de  ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la  limitación de salarios en la alta dirección.

Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la  reducción del número de consejeros de administración de las empresas  del sector público, reducción del número de personal de confianza,  contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal  municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten  pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la  reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

Anunciar si prevén subir impuestos

El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la  reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los  ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas  indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso. Esta es la primera vez en la que el Ejecutivo reconoce que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha  reforma.

Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que  especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir  exenciones o bonificaciones voluntarias,  adoptar medidas para  reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la  inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

También deberán publicar anualmente en las memorias de las  empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y  directivos, así como una estimación realista de los derechos de  dudoso cobro.

Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que  enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los  servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el  abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de  basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios  hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o  culturales, entre otros.