Expresidentes autonómicos condenados a prisión

• Matas, cuarto dirigente autonómico de la democracia condenado
• Solo Gabriel Urralburu, expresidente de Navarra, acabó en la cárcel
• Otros presidentes autonómicos han sido juzgados aunque después absueltos

El expresidente Balear, Jaume Matas, ha sido condenado este martes por la Audiencia Provincial de Palma a seis años de prisión por un delito de corrupción en el primer juicio del caso Palma Arena. Esta sentencia le inhabilita también para desempeñar cargos electos durante 9 años y medio.

Jaume Matas se convierte así en el cuarto dirigente autonómico de la democracia que ha sido condenado por los tribunales, aunque de todos ellos solamente uno acabó ingresando en prisión.

Jaume Matas, condenado a seis años de prisión en el caso Palma Arena

También han sido muchos los expresidentes autonómicos que se han sentado en el banquillo de los acusados por distintos motivos -en su mayoría por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos- aunque después han sido absueltos por la Justicia.

Urralburu, el único que entró en prisión

El caso más destacado es el de Gabriel Urralburu (PSOE) ya que de los cuatro expresidentes autonómicos condenados en democracia fue el único que finalmente ingresó en prisión.

Urralburu, expresidente de Navarra, fue condenado en 1998 dentro de la conocida como 'trama navarra del caso Roldán'. La Audiencia Provincial le condenó a 11 años de prisión por el cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas.

Salió en libertad provisional en 1998 y fue condeando a 11 años de cárcel por el mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros. En el año 2001, el Tribunal Supremo redujo su condena a cuatro años pero mantuvo los 9 años de inhabilitación y la multa económica. Durante su estancia en prisión aprovechó para terminar la carrera de Derecho.

Otro de estos casos fue el de José Marco (PSOE). Fue presidente de Aragón entre 1993 y 1995 y condenado a 13 meses de prisión y a 6 de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad de documento público en el llamado 'caso del sillón'. Marco instaló en su casa - falsificando la factura- un sillón de cuero cuando era presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En 1998 fue condenado por el conocido como 'caso de los espías' a 9 meses de prisión, dos de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. Finalmente Marco no llegó a ingresar en prisión debido a un cambio en el Código Penal.

Otro de los expresidentes autonómicos condeandos fue Juan Hormaechea, el que fuera presidente de Cantabria entre 1987 y 1995.  En el año 1994 dimitió tras ser condenado a seis años de cárcel y a siete años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de casi tres millones de pesetas y otro de prevaricación. También fueron condenados tres de sus consejeros.

Tras varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de 3 años de cárcel y 13 de inhabilitación. Finalmente, Hormaechea no pisó la cárcel ya que en 1995 el Consejo de Ministros, presidido por el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe González, le concedió el indulto total, aunque sí mantuvo su inhabilitación de 14 años para participar en política, tal y como solicitó el mismo tribunal que lo juzgó. En la actualidad, prepara sus memorias.

Otros presidentes juzgados pero absueltos

Varios también han sido los casos en los que algún presidente autonómico español se ha sentado imputado en el banquillo de los acusados aunque finalmente ha sido absuelto por los tribunales.

Es el caso de Demetrio Madrid (PSOE) el que fuera presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986 fue imputado por una querella presentada por once trabajadores de la empresa textil de la que había sido propietario. Aquel proceso provocó su dimisión inmediata. Cuatro años después, en 1990, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia entre 1984 y 1993 también fue imputado y después absuelto. Dimitió por supuestas irregulariadades de fondos públicos por el llamado 'caso Casa Grande' del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.

El expresidente balear Gabriel Cañellas(PP) también fue imputado por cohecho por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructuras públicas en el 'caso Calviá' y por prevaricación en la adjudicación de obras en el 'caso Sóller'. Tras dimitir, en 1997, fue absuelto de ambos delitos.

Otro de los ejemplos es el de Javier Otano (PSOE), quien fuera presidente de Navarra en 1996. Dimitió tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del 'caso Roldán'. También declaró como imputado en el 'caso Otano', que se cerró sin sentencia porque el delito había prescrito.

El expresidente de Navarra Jaime Ignacio del Burgo (UCD) fue acusado de malversación en el año 1980 pero cuatro años después fue exculpado por los tribunales. Por error se informó de que Del Burgo había sido imputado por este caso pero lo cierto es que nunca fue procesado penalmente.

Uno de los casos que más interés despertó fue el del exlehendakari Juan José Ibarretxe (PNV) quien declaró como imputado en 2007 por haberse reunido el año anterior con representantes de Batasuna. En esa misma causa también fueron imputados el actual lehendakari Patxi López y el actual Consejero del Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares.

Un jurado popular ha absuelto esta semana al ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. El dirigente popular, al igual que el exsecretario regional de su partido, Ricardo Costa, había sido acusado de recibir trajes de la trama de corrupción Gürtel y fue sometido a juicio durante las últimas seis semanas. Cinco miembros del jurado, frente a cuatro, consideraron que el delito no quedó probado durante la vista. La incógnita que se abre ahora se refiere al futuro político de Camps, en su partido y en las instituciones de Valencia.

El caso más reciente y mediático ha sido el del valenciano Francisco Camps. El que fuera presidente de la Generalitat desde 2003 fue imputado el 14 de mayo de 2009 por la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel'. Finalmente, un jurado popular le declaró "no culpable".