Los cargos que oculten o falseen datos contables podrán ser inhabilitados durante 10 años

• El Gobierno presenta la ley de transparencia y acceso a la información
• La administración tendrá un mes para dar los datos que pidan los ciudadanos
• La ley no afectará a la Casa Real por no ser una administración pública
• El Ejecutivo central fijará en los presupuestos el sueldo de alcaldes y concejales
• Los ciudadanos tienen 15 días para hacer sus aportaciones al texto

Soraya Sáenz quiere mejorar la credibilidad de las administraciones a través de la ley de transparencia

Los cargos públicos que oculten o falseen datos podrán ser inhabilitados durante 10 años. Es una de las medidas que recoge el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno que ha tratado el Consejo de Ministros este viernes.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la nueva norma incluirá además la posibilidad de que cada año el Gobierno fije el sueldo máximo que podrán recibir alcaldes y concejales a través de los presupuestos generales del Estado.

Todas las administraciones tendrán que tener disponibles, "de forma activa y sin solicitud previa alguna", los datos sobre contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y sueldos de sus cargos públicos.

Al margen, los ciudadanos podrán solicitar otros datos. Todas las administraciones tendrán un mes de plazo para responder a cualquier solicitud de información que realice un ciudadano con el único límite de la protección de datos personales y la seguridad nacional.

El Gobierno para ello pondrá en marcha un Portal de Transparencia para canalizar las peticiones. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán utilizar esta plataforma para responder sus solicitudes o poner en marcha sus propias plataformas en internet.

15 días para recibir las aportaciones de los ciudadanos

De momento, el texto de la ley de transparencia, acceso de información y buen gobierno, que ha sido sometido a una "primera lectura" en el Consejo de Ministros, estará disponible en la página web del Ministerio de Presidencia a partir del lunes para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones durante 15 días.

Sáenz de Santamaría ha señalado que la nueva ley, que afectará a todas las administraciones y empresas públicas, servirá para reformar la "credibilidad" y la "confianza en las instituciones".

El proyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Consejo de  Ministros no afectará a la Casa Real por no tratarse de una  administración pública, ha aclarado este viernes la vicepresidenta y  portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, según recoge Europa Press.

Publicidad de los datos de las administraciones

La norma contempla medidas en tres ámbitos: obligará a las administraciones a publicitar los datos sobre los contratos, subvenciones, convenios, sueldos públicos y estadísticas sobre los servicios que presta; regulará cómo podrán los ciudadanos solicitar información pública; pondrá en marcha un código de buen gobierno.

Además, dará un "primer paso" para que el Gobierno fije cada año un "baremo" sobre los sueldos de alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones.

Sáenz de Santamaría ha señalado que nueva ley "refuerza las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones". Cuando esté en vigor, los gobiernos central, autonómicos y locales deberán incluir en sus páginas web un "conjunto de información clave para velar por la transparencia".

Dentro de estos datos, disponibles para cualquier ciudadano sin que haya que solicitarlos expresamente, estará la información sobre los contratos adjudicados por la administración (objeto del contrato, empresa adjudicataria, importe de licitación...), los convenios suscritos y todas las ayudas y subvenciones públicas.

De oficio, las administraciones tendrán que tener también disponibles en sus páginas web, sus presupuestos con "una descripción amplia" de las partidas y datos actualizados de su ejecución, las salarios de los cargos públicos y otras estadísticas que sirvan para evaluar la calidad de los servicios que prestan.

El ciudadano, ha señalado Sáenz de Santamaría, tiene derecho a conocer "como se contrata, como se subvenciona, como se retribuye".

Las administraciones tendrán un mes para responder

La ley de transparencia también regulará como pondrán acceder los ciudadanos a la información que demanden. Las administraciones tendrán un mes para responder a las solicitudes.

Podrán utilizar el Portal de la Transparencia que pondrá en marcha el Gobierno o hacerlo a través de sus propias web. Sáenz de Santamaría ha señalado que le ley requiere un plazo de entrada en vigor para que las administraciones se adapten.

Según la referencia del Consejo de Ministros, "se considera información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre que no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, la investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias".

Inhabilitación para quien malgaste o falsee datos

Sáenz de Santamaría ha resaltado que la ley de transparencia incluye una código de buen gobierno con "rango legal". Los "principios éticos y de actuación dejarán de ser retóricos" para ser de obligado cumplimiento con su correspondiente sanción.

Entre las infracciones se contempla: administrar el dinero público sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso; autorizar gastos sin tener crédito suficiente; no justificar la inversión de fondos de subvenciones; incumplir deliberadamente el nivel de deuda pública en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; o incumplir las medidas de corrección previstas en los planes económicos-financieros y de reequilibrio.

La vicepresidente del Gobierno ha señalado que quien cometa estas infracciones podrá ser destituido e inhabilitado entre 5 y 10 años para cargo público. En el caso de falsear u ocultar datos contables será constitutivo de delito con la inhabilitación máxima.

El Código Penal se modificará para incluir estas nuevas sanciones. Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión", informa Efe.

Las sanciones no tendrán carácter retroactivo para las actuaciones que se hayan cometido antes de su entrada en vigor.

Control del sueldo de alcaldes y concejales

La ley de transparencia contempla, por último, que los presupuestos generales del Estado establezcan cada año el baremo al que tendrán que ajustarse las retribuciones de los miembros de las entidades locales, es decir, alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones provinciales.

Para fijar los sueldos máximos se tendrá en cuenta de qué entidad local se trata, la población, las circunstancias socio-económicas del entorno y otras de carácter administrativo, según recoge la referencia del Consejo de Ministros.