China se compromete a acabar con las extracciones de órganos a los ejecutados

• Las extraciones se hacen sin el consentimiento de los condenados
• Se ha creado un mercado negro en internet
• Las campañas de donación voluntaria no tienen éxito

China se ha comprometido en un plazo de entre tres y cinco años a acabar con las extracciones de órganos de los ajusticiados. Según la agencia Xinjua, China está desarrollando en dieciséis provincias del país un programa de donación voluntaria de órganos con el fin de reducir su dependencia a las cesiones, voluntarias según el Gobierno, de los sentenciados a muerte.

En fuentes extranjeras y de organizaciones humanitarias se asegura que a los sentenciados a la pena capital no se les consulta y las extracciones de sus órganos se producen por sistema. Incluso algunas fuentes han asegurado en repetidas ocasiones que los órganos de los sentenciados a muerte han creado un mercado negro muy difícil de cerrar.

La utilización de los órganos de los ejecutados se aprobó en China 1984 y según la Ley se extraen los de los ejecutados sin familia. También se utilizan los órganos de aquellos cuyos familiares está de acuerdo o rechazan recuperar el cadáver.

Los expertos estiman que en China cuatro de cada cinco pacientes mueren a la espera de un trasplante y según algunas fuentes periodísticas, más de 10.000 ciudadanos chinos son trasplantados anualmente cuando la demanda normal es de al menos de un millón de operaciones.

A la espera del resultado de la campaña lanzada por el Gobierno hay que destacar que las anteriores resultaron un fracaso debido a la tradicional desconfianza de los pacientes en la sanidad pública china. La situación ha propiciado que la demanda de órganos sea un negocio de muchos ceros en el mercado negro de Internet donde se alojan un gran número de páginas web vinculadas a esta industria.

El pasado mes de febrero la policía china detuvo en Pekín a 16 personas por realizar operaciones quirúrgicas no autorizadas y vender ilegalmente 51 riñones humanos. Los órganos se vendían en el mercado negro por un precio superior a los 200.000 yuanes, unos 24.000 euros, diez veces el precio que se pagaba a los donantes, en su mayoría personas en grave situación económica.

Los detenidos, en su mayoría médicos y enfermeras contactaban a través de internet con los enfermos y las operaciones se efectuaban en las dependencias de una clínica alquilada, si bien el grupo tenía previsto construir próximamente su propio centro médico.