Los trabajadores del Teatro Real se movilizan por la retención de un millón de euros

• Coincidirá con el estreno del espectáculo Vida y muerte de Marina Abramovic
• Habrá también una concentración del día de la huelga general

Los trabajadores del Real han decidido este viernes convocar movilizaciones coincidiendo con el estreno del espectáculo "Vida y muerte de Marina Abramovic", en protesta por tener que devolver un millón de euros al no habérseles aplicado la rebaja de sueldo de los empleados públicos.

El millón de euros, que se ha de descontar en aplicación del decreto de mayo de 2010 -entre 3.000 y 6.000 euros a cada uno de los 316 empleados, prorrateados en las pagas extraordinarias de 2012 y 2013- no se entregará a la Administración del Estado, sino que se quedará en las arcas del coliseo, dijeron a Efe fuentes del Real.

Habrá concentración el 29 de marzo

En la asamblea celebrada, según un comunicado del comité de empresa, se ha acordado iniciar las protestas con una concentración el 29 de marzo, día de la huelga general, y continuar durante el estreno de la obra que protagonizará Marina Abramovich a partir del 11 de abril.

"Si no se llega a un acuerdo antes de la fecha del estreno de 'Cyrano de Bergerac' -que interpreta Plácido Domingo a partir del 10 de mayo- la protesta culminará con la convocatoria de huelga durante todas las representaciones", agregaron.

Hacienda instó en enero, según explicó este jueves a Efe el director general del teatro, Miguel Muñiz, a devolver el millón de euros percibido indebidamente por sus empleados, a los que no se les rebajó el 5 por ciento que sí perdieron el resto de los trabajadores de las empresas públicas.

"Los trabajadores del Real no son funcionarios"

El comité de empresa desmintió que ese dinero percibido de más fuera fruto de la negociación del convenio colectivo y remachó que los trabajadores del Real no son "funcionarios".

Además, en su comunicado, señaló que en julio de 2010 la plantilla "acordó voluntariamente" con la empresa un paquete de medidas que comprendía reducciones salariales, a la vez que flexibilizaba "muchas" de sus condiciones laborales.

El resultado, subrayó, es que el conjunto de la plantilla "ha cedido bastante más dinero" del que ahora se les reclama.

"Pertenecemos al sector público estatal y, por ello, esta ley nos es de aplicación. Aceptamos que se nos apliquen las normas como al resto de trabajadores de este país, ni más ni menos, aunque no con una retroactividad abusiva e ilegal. Y desde luego estamos decididos a no pagar los platos rotos por ninguna mala gestión", añadía el comunicado.