La vicepresidenta se abstendrá en las decisiones de Telefónica por la contratación de su marido

• Sáenz de Santamaría dice que la nueva ley de buen gobierno lo regula
• La norma contempla el "derecho de abstención" para altos cargos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado este viernes al "derecho de abstención" que atañe a todos los altos cargos de la administración central para garantizar que se inhibirá en la toma de decisiones que puedan afectar a Telefónica, en donde su marido ha sido contratado.

La infracción de las normas que ha de seguir un alto cargo para acogerse a este derecho podría acarrear la destitución, ha advertido Sáenz de Santamaría cuando explicaba la nueva ley de buen gobierno.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha recibido una pregunta sobre el fichaje de su marido, Iván Rosa, por la compañía de telecomunicaciones, en la que coordinará una nueva unidad jurídica. Rosa es abogado del Estado en excedencia. La pregunta ha tenido que ver con la posibilidad de que colisionen intereses personales y del Estado en decisiones que afecten a Telefónica.

Para Sáenz de Santamaría, el asunto incide en el "derecho de abstención" recogido en la nueva ley de transparencia y de buen gobierno que hoy mismo ha aprobado el Consejo de Ministros.

Tal y como consta en la norma, ha explicado la vicepresidenta, la infracción de las reglas por las que tiene que abstenerse un alto cargo de la administración conllevaría una sanción "grave" que incluso podría acarrear la destitución.

"Los altos cargos en determinados supuestos están sujetos a un régimen y una obligación de abstención, y además se puede consultar en la oficina de conflicto de intereses sobre cuándo deben abstenerse", ha añadido. Ha avanzado que los miembros del Gobierno van a cumplir ese régimen sobre conflicto de intereses.

Respecto a la contratación de su marido por Telefónica, hecho que se dio a conocer ayer jueves y que la propia compañía confirmó, la número dos del Ejecutivo ha apostillado que "no es un asunto de la vida normal de dónde puedan trabajar unos y otros", sino una cuestión de "cumplir el derecho de abstención cuando se traten temas que pueden afectar".