Imputados dos exdelegados del Gobierno del PSOE en Melilla por la trama de compra de votos

• Gregorio Escobar es, además, secretario general del PSOE de Melilla
• Les imputan prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude
• Se habrían hecho promesas de trabajo a cambio de votos en las generales de 2008
• También están imputados otros cargos socialistas locales

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla ha imputado a dos exdelegados del Gobierno del PSOE en la ciudad, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario general del PSOE local, por su supuesta relación con la trama de compra de votos efectuada durante las elecciones generales de 2008.

Según el nuevo auto dictado por el juez Miguel Ángel García Gutiérrez, a Fernández Chacón se le imputa por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Estos mismos delitos se les imputan también al actual secretario general del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, a los que se le añade los de obstrucción a la justicia y falsedad documental, los mismos que al entonces director del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, y a la directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.

El procedimiento surge a partir del envío a los ciudadanos de unas cartas "falsas" con motivo de los comicios generales de marzo del 2008, a los que el PSOE concurrió en coalición con CPM, partido de mayoría musulmana, en las que se hacían supuestas promesas de trabajo en los planes de empleo que se iban a poner en marcha.

El delegado del Gobierno de entonces era José Fernández Chacón, mientras que Gregorio Escobar fue el candidato socialista al Congreso en dichos comicios generales, tras los cuales fue nombrado delegado del Ejecutivo central en Melilla, en sustitución de Fernández Chacón, que ocupó el mismo cargo, pero en Ceuta.

"Obtención ilegítima" de votos para CPM-PSOE

El juez considera que existen indicios de un entramado conformado por diversas personas que pretendían la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CPM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo y que comprende distintas fases.

En este mismo procedimiento ya habían sido imputados alrededor de una veintena de miembros de CPM y PSOE, entre ellos el exsecretario general socialista y actual diputado autonómico Dionisio Muñoz, o el líder cepemista, Mustafa Aberchan.

A ambos se les cita nuevamente como imputados por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude, así como al exdirector de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y al exsubdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya.

Según el juez, los organizadores de la trama delictiva supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía, iniciando para ello la última fase de la red delictiva.

Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, debiendo tanto Dionisio Muñoz como Aberchan "influir" sobre el delegado del Gobierno.

El auto asegura que, de los 1.388 trabajadores contratados directamente en los planes de empleo, 300 no cumplen los requisitos mínimos exigidos, además de otros 239 que no se pueden verificar, al no contar con la documentación necesaria. Asimismo, de 1.000 que requieren documentación académica, solo la acreditan 589.

El juez ha citado a los nuevos imputados para que declaren a partir del 19 abril.

Escobar niega las irregularidades

Por su parte, Escobar, uno de los dos nuevos imputados, ha asegurado este martes que la justicia y la verdad terminarán imponiéndose, ya que "no ha habido ninguna irregularidad", en un comunicado remitido por el PSOE melillense.

Escobar ha recalcado su "total y absoluta confianza" en que todos los dirigentes de su partido y responsables de la administración pública "han actuado de acuerdo a la estricta legalidad y que las acciones que han llevado a cabo no han tenido otro objeto que pensar en el interés general de los melillenses".

Escobar, que se ha enterado del auto por la prensa, ha señalado que afronta esta noticia con la tranquilidad que le da la certeza de saber que, en su actuación como delegado del Gobierno, siempre se ha mantenido "dentro de la más estricta legalidad"

"Reitero mi plena confianza en que todos los dirigentes políticos, en los representantes públicos y en los miembros de la Administración Pública", ha apuntado el socialista, quien cree que este asunto va a quedar "en nada".