Arias Cañete dice que el hotel de El Algarrobico aún tiene "largo recorrido jurídico"
- El ministro de Medio Ambiente dice que el derribo corresponderá a la Junta
- El Supremo confirmó que el hotel de El Algarrobico contraviene la Ley de Costa
- El hotel tiene en la actualidad dos procedimientos judiciales en curso
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, señala que el Gobierno respeta la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal el hotel situado en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), pero advierte de que este caso aún tiene "un largo recorrido jurídico", ya que aún cuenta con dos procedimientos judiciales en curso, uno contra la licencia de la obra y otro contra el plan urbanístico del municipio.
En declaraciones este miércoles a los periodistas en los pasillos del Congreso, Arias Cañete ha subrayado, además, que es la Junta de Andalucía la que tiene la competencia para, en su caso, decidir sobre el derribo en el momento en el que "no haya impedimento jurídico".
El ministro ha hecho hincapié en que la sentencia del Supremo en la que se señala que la construcción de Azata del Sol contraviene la Ley de Costas porque invade parcialmente la zona de servidumbre de dominio marítimo-terrestre viene a establecer que la orden ministerial sobre el deslinde costero "era correcta", frente al plan parcial urbanístico del municipio, que "no se ajusta a derecho porque no respetó la servidumbre del dominio público".
El responsable de Medio Ambiente ha censurado la afirmación realizada este martes por la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que indicó que Arias Cañete "tendrá que derribar el hotel de acuerdo con el convenio vigente con la Junta de Andalucía".
“La administración competente es la Junta“
"Acataremos las resoluciones judiciales, pero la administración competente es la Junta, a pesar de las declaraciones de una exministra de Medio Ambiente con unos conocimientos jurídicos limitados", ha dicho el actual titular en alusión a las palabras de la responsable ministerial que en su día firmó la orden de deslinde.
El ministro también ha dicho que el Ayuntamiento carbonero deberá ahora modificar su planteamiento urbanístico y, a partir de ahí, la Junta, "como responsable de velar por las infracciones y consecuencias, tendrá que tomar decisiones pertinentes". "El Gobierno respetará la legalidad vigente y la sentencia", ha insistido.
Preguntado por si este tema pudiera verse afectado por los acontecimientos políticos andaluces a raíz de las elecciones de este domingo, Arias Cañete ha incidido en que "los temas jurídicos no tienen que estar afectados por los políticos" porque el Gobierno, "sea de uno u otro signo, tiene que respetar sentencias y, en este caso, la Junta, que ya veremos quien la ocupa, es la que tendrá que tomar las decisiones pertinentes".