El Gobierno denuncia al TC la subasta pública andaluza de medicamentos

• Aseguran que la Junta no tiene competencia en esta materia
• El Gobierno aporta un dictamen a su favor del Consejo de Estado
• La Junta de Andalucía hizo la primera de estas subastas el pasado 19 de marzo

El Gobierno ha decidido denunciar ante el Tribunal Constitucional a la Junta de Andalucía por la subasta pública para la selección de medicamentos a dispensar en las farmacias de esa comunidad, porque considera que invade la legislación estatal y reduce la oferta de prestaciones.

Así, el Consejo de Ministros ha decidido presentar ante el Constitucional un conflicto positivo de competencias a la Resolución del Servicio Andaluz de Salud del 25 de enero de 2012 que convoca dicha selección de medicamentos, por entender que fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal.

El planteamiento de este conflicto conlleva la suspensión de la norma andaluza.

El Gobierno estima que el nuevo mecanismo de formación de precios reduce la oferta establecida de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud.

Además considera que la Junta regula la prescripción de medicamentos sin tener competencias, al ser el Estado quien tiene la competencia exclusiva en materia de legislación farmacéutica.

Dictamen favorable del Consejo de Estado

El Gobierno subraya que su decisión está avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado que cuestiona la adecuación al orden competencial de la citada resolución autonómica.

La Junta de Andalucía hizo la primera de estas subastas el pasado 19 de marzo.

Se trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica.

Este mecanismo, insiste el Ejecutivo, vulnera claramente las competencias estatales y modifica la cartera básica de servicios establecida por el Estado, excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica.