El Gobierno busca cumplir con el déficit con los Presupuestos "más austeros de la Democracia"
- El objetivo de cerrar 2012 con un déficit público del 5,3%, irrenunciable
- La recesión económica prevista (-1,7% del PIB) complica los ajustes
- El presupuesto de los Ministerios se verá reducido un 15% de media
- La inversión pública podría desplomarse hasta en un 40%
El 3 de abril en el Congreso
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado llegará al Congreso el martes de manos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo entregará en formato digital al presidente de las Cortes, Jesús Posada.
La Mesa del Congreso fijará después el calendario para su tramitación parlamentaria. La llegada de las cuentas públicas podría adelantar una semana y establecer el pleno entre el 10 y el 12 de abril. Después comparecerían los altos cargos para explicar las diferentes partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
Sería en la última semana de abril, que arranca el día 23, cuando se celebrará el debate de totalidad de los presupuestos para 2012.
En caso de superar este primer paso, algo previsible gracias a la mayoría absoluta del PP, se abordará el debate de las enmiendas parciales que los grupos parlamentarios presenten al texto original, antes de su pase al Senado.
Acabar el año con el déficit público en el 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB) exigido por Bruselas en plena recesión económica. Es el objetivo fundamental del Gobierno, que este viernes aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, "los más austeros de la Democracia", según ha advertido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El Ejecutivo reconoce que el camino no es fácil, pero sí posible. El conjunto de las administraciones públicas deben ahorrar sobre el papel 34.500 millones de euros, que es la diferencia entre el 8,51% del PIB con el que se cerró 2011 y la cifra marcada por Europa. Y eso en medio de una recesión económica con una contracción de la economía en un 1,7% y una subida del paro hasta el 24,3%, que se traduce en una destrucción neta de 630.000 empleos.
“Estamos ante un esfuerzo presupuestario sin precedentes“
"Estamos ante un esfuerzo presupuestario como seguramente no hemos realizado en nuestro país hasta ahora, por la naturaleza de la crisis financiera que perjudica a España", aseguraba esta semana Montoro en el Senado.
El ajuste para 2012 se lo reparten, fundamentalmente y casi al 50%, la Administración Central (18.000 millones) y las comunidades autónomas (15.800), que esperan estos presupuestos para ajustar los suyos y decidir sus recortes.
Parte de lo que debe ajustar la Administración Central en 2012 (algo más de 10.000 millones) ya se ha conseguido con el acuerdo de no disponibilidad de crédito y la subida de impuestos anunciada en diciembre. Pero aún falta otro tanto en parte porque asume la reducción adicional establecida por Bruselas.
Recortes y reajustes de impuestos
Por lo pronto, los Presupuestos Generales incluirá una reducción de un 15% en el gasto de los diferentes Ministerios, tal y como anunció en Seúl el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que descartó una subida de los impuestos al consumo.
Poco después, el titular de Hacienda aseguraba que sí que caben reformas parciales dentro de los grandes impuestos para conseguir "contribuciones más equilibradas y mejor ponderadas". Eso sí, dejaba claro que no habrá "una política de elevación de carácter permanente" de esos impuestos, como el IVA o los especiales, que gravan el tabaco o el alcohol.
Además, el techo de gasto es de 118.565 millones de euros. Esa cifra tope, y la desviación del objetivo de déficit de 2011, supondrá menos inversión pública. Según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se desplomará un 40%. Así lo avanzó hace tres semanas en el Congreso de los Diputados.
El titular de Economía afirma, no obstante, que el ajuste del déficit previsto para este año por el Gobierno no tendrá un impacto significativo en el crecimiento del PIB porque se centrará en eliminar la "costra ineficiente" que los anteriores gobiernos "acumularon" en los presupuestos públicos.
También se busca evitar duplicidades. En este sentido se enmarca la reducción y el adelgazamiento del sector público que ha comenzado a efectuar el Gobierno central con el cierre y fusión de decenas de empresas públicas.
No habrá recortes, en principio, en los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, pensiones (que aumentarán un 1%) y gasto por desempleo.
Trabajadores del sector público y funcionarios
Otras de las medidas que el Gobierno ya ha avanzado, y que aprobó en diciembre, es la congelación del salario para los funcionarios durante el presente ejercicio.
También se mantendrá la ampliación de su jornada laboral de 35 a 37,5 horas, si bien esta medida afectará ahora no solo a la administración central, sino también a la autonómica y la local.
Además, se mantendrá la congelación de todas las plantillas de la administración salvo en el caso del personal docente, sanitario, las fuerzas armadas, las de seguridad y la inspección tributaria y laboral, cuya tasa de reposición de vacantes podrá llegar al 10%.