Casi 300 denuncias contra webs que vulneran derechos de autor en el primer mes de la ley Sinde

• Se han recibido 213 demandas presenciales y 79 solicitudes telemáticas
• Se puede solicitar la retirada de contenidos e  incluso el cierre de las páginas
• La ejecución de la decisión judicial puede ser  voluntaria o forzosa

Cuando se cumple un mes de la aprobación del  reglamento de la ley Sinde-Wert, la Comisión de Propiedad Intelectual ha  recibido 213 demandas presenciales y 79 solicitudes telemáticas de  cierre contra distintas páginas web que vulneran los derechos de autor,  según fuentes del Departamento de Cultura.

La sección segunda de esta comisión es la encargada de recibir las  denuncias de los autores ante posibles violaciones de los derechos de  la propiedad intelectual en Internet, y puede llegar a interrumpir por  un año las webs que vulneren estos derechos.

Esta comisión servirá de puente entre los propietarios de los  derechos de autor y los dueños de las páginas webs, con la intención de  reestablecer la legalidad en internet.

Esto supone que los miembros de  la Comisión tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e  incluso el cierre de las páginas que los alojen o enlacen sin permiso de  los titulares.

Petición del titular de derechos

El proceso siempre comienza a partir de una solicitud del titular  de estos derechos de autor y, en este instante, la Comisión actúa si  considera que la web denunciada tiene ánimo de lucro o ha causado un  daño patrimonial.

Se inicia así un proceso administrativo que puede  durar en torno a 20 días y en el que el Juzgado Central de lo  Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en dos  ocasiones si los dueños de la web no acuerdan la retirada de contenidos.

Una vez aceptada a trámite una solicitud, se pide al juez una  petición de autorización para identificar al responsable, a quien se  contactará seguidamente para informarle.

“Se inicia un proceso administrativo que puede durar en torno a 20 días“

Este tiene 48 horas desde ese  momento para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después hay un  plazo de deliberación, tras el cual si la Comisión cree que hay  vulneración solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última  instancia decide sobre la interrupción o retirada.

Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser  voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará (al igual que a la hora  de identificar) la colaboración del prestador de servicios de Internet  (empresas de telecomunicaciones).