Una de las víctimas de Sor María y niña robada: "Si no lo paga aquí, sé que lo va a pagar arriba"

• "Tanto sufrimiento no puede quedar así, dice Mª Luisa Torres, niña robada
• La denuncia es la primera que se  judicializa del 'caso de los niños robados'
• El juez deberá decidir si llama a declarar a Sor María por detención ilegal

Ratifican la denuncia contra la monja sor María Gómez Valbuena por el robo en 1982 de un bebé

Pilar Alcalde, que fue sustraída de su madre en marzo de 1982 y  con la que se reencontró 29 años después, ha asegurado este martes a  las puertas de los Juzgados de Instrucción que si la monja Sor María  G.V. "no lo paga aquí", sabe que lo pagará "arriba", en alusión a la única religiosa implicada en el 'caso de los niños robados' en  hospitales madrileños y de toda España entre 1940 y 1990.

La joven ha acudido a los Juzgados para declarar junto a su madre,  Maria Luisa Torres, ante el juez de Instrucción número 47 de Madrid,  Adolfo Carretero, y acompañadas por el abogado Guillermo Peña, que  representa a la asociación SOS Bebés Robados.

Entretanto, cerca de una treintena de afectados se han concentrado  en esta sede judicial para respaldar a Maria Luisa y a Pilar, así  como para reclamar al Ministerio de Justicia que ponga en marcha un  banco de datos para cotejar pruebas de ADN entre personas implicadas  en desapariciones.

La denuncia, que ha sido ratificada, es la primera que se  judicializa en España del 'caso de los niños robados' después de que  la Fiscalía de Madrid apreciara indicios de delito de detención  ilegal. Se trata del caso de esta madre que dio a luz a su hija en  marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Gracias a un programa de televisión, madre e hija se reencontraron  hace un año. La familia adoptiva de Pilar, que declarará ante el  juez, siempre mantuvo la versión de que la niña fue abandonada porque  su madre no tenía medios para cuidarla.

Tras la declaración, el juez deberá ahora decidir si sigue  adelante con la investigación y si llama a declarar a Sor María por  un delito de detención ilegal o sustracción de menores. El letrado de  la asociación ha precisado que este delito, que tiene un carácter de  permanente, no está prescrito hasta que no se repara el daño.

Familias sin identidad

A su llegada a los juzgados, la joven ha manifestado que se  encuentra "muy feliz", ya que lo que quiere "es que salga la verdad".  Para ella, el "castigo" para Sor María sería "acabar en la cárcel  porque ha hecho daño a muchas familias que están sin identidad". "Si  no lo paga aquí, sé que lo pagará arriba", ha señalado en referencia  a la imposibilidad de que pueda ingresar en un futuro en prisión por  su avanzada edad.

“Si  no lo paga aquí, sé que lo pagará arriba“

Por su parte, María Luisa Torres, ha asegurado que lleva muchos  años esperando este momento. "Vamos despacio con la justicia pero  espero que a partir de ahora se den pasos agigantados porque esto no  es un caso aislado. Es hora de que se empiece a investigar", ha  recalcado la mujer.

Según Maria Luisa, Sor María le manifestó después de que naciera  su hija que había fallecido, si bien luego se retractó y le comentó  que la había dado en adopción a una familia francesa. "Me dijo que me  la quitaba por adultera", ha señalado.

Tras salir de declarar, María Luisa ha asegurado que el  interrogatorio ha sido duro e incisivo en aras a que el magistrado  sepa toda la verdad. "Tanto sufrimiento no puede quedar así. Tiene  que haber Justicia", ha aseverado visiblemente emocionada ante la  maraña de periodistas concentrados.

Reparación moral de la víctima

Momentos antes de los interrogatorios, el abogado Guillermo Peña  ha destacado que la investigación está en "una fase muy prematura",  por lo que no descarta de que pidan que se tome declaración a algunos  de los médicos implicados en la trama.

"Se trata de investigar y llegar al esclarecimiento de los hechos.  Es un impulso porque supone un avance en la investigación porque  vienen a declarar sobre hechos que hasta ahora eran hipotéticos", ha  aseverado el letrado.

“Es un impulso porque supone un avance“

Asimismo, Peña ha señalado que en el caso de los niños robados se  repiten muchos nombres en alusión a Sor María y a otros doctores  implicados.

Por ello, el juez deberá ahora delimitar la responsabilidad de  cada uno de los vinculados en esta trama que se extiende por toda  España y que aglutina más de 1.000 denuncias. "Esto es una cuestión  incómoda para cualquier estado de Derecho", ha dicho.

Según el letrado, se persigue la reparación moral de las víctimas.  "Las víctimas quieren que se reconozcan las cosas que se hacían con  el encubrimiento de los responsables", ha indicado.