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Condenan a dos años y ochos meses de prisión a la activista china Ni Yulan "por causar disturbios"

  • Su marido ha sido condenado dos años de cárcel por el mismo delito
  • Ambos fueron muy activos en la defensa de las personas desahuciadas

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La activista pro derechos humanos china, Ni Yulan ha sido condenada a dos años y ocho meses de prisión y su esposo, Dong Jiqin, a otros dos por provocar disturbios y destruir bienes públicos y privados según un portavoz de un tribunal de Pekín.

Ni Yulan y su marido son controlados desde hace años por las autoridades al ser los abogados que gratuitamente han asistido a cientos de damnificados por las expropiaciones.  El matrimonio, juzgado la pasada semana, fue detenido el pasado año cuando las autoridades, temerosas de que se extendiera por el país chino la que se dio en llamar Primavera árabe, restringió los movimientos y libertades de cientos de de activistas.

Ni Yulan, de 51 años de edad ha estado en la cárcel en otras dos ocasiones. Tras una detención en 2002 salió herida grave de una comisaria con las rotulas y tobillos destrozados. Desde entonces se mueve en una silla de ruedas. Ni Yulan inició su militancia en pro de los derechos humanos cuando en 2001 el ayuntamiento de Pekín les anunció la expropiación forzosa de su casa.

Un año después el gobierno la retiró la autorización para trabajar como abogado y desde entonces ha estado perseguida. Tanto Estados Unidos como Europa y Amnistía Internacional llevan un especial seguimiento de esta mujer.

Las expropiaciones forzosas en las ciudades y en el campo se han convertido en el país chino en una de las principales causas de desestabilización social. De las 180.000 protestas que Pekín ha reconocido que hubo el pasado año, el 66% tuvieron su origen en protestas por la tierra.

Incluso, el pasado diciembre la policía rodeó un pueblo al sur del país, Wukan, después de que sus habitantes se rebelaran contra los jerarcas y promotores corruptos que querían quedarse con sus tierras para llevar a cabo proyectos inmobiliarios.

La movilización se torno aun más grave cuando un vecino apareció muerto después de ser interrogado por la policía. El gobierno finalmente dio la razón a los vecinos, cesó a sus gobernantes, anuló las expropiaciones y permitió la celebración de elecciones abiertas.