Guerrero recurrirá el auto de prisión dictado por la juez del caso ERE y pedirá su libertad

• "No está de acuerdo" con los argumentos esgrimidos por la  magistrada
• Dice que si le deja en libertad "podría darse a la fuga" y "beneficiar a otros"
• El exdirector de Trabajo de Andalucía lleva en prisión un mes

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde hace ya un  mes, recurrirá nuevamente el auto de prisión dictado por la titular  del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya,  encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en  expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, y  solicitará su puesta en libertad.

El abogado del imputado, Fernando de Pablo, ha anunciado a Europa  Press que su intención es recurrir en apelación ante la Audiencia  Provincial de Sevilla el auto de prisión dictado por la juez Mercedes  Alaya, pues "no está de acuerdo" con los argumentos esgrimidos por la  magistrada. De este modo, y según ha explicado el letrado, tiene de  plazo hasta la próxima semana para presentar el escrito.

La juez, en un auto dictado el pasado 28 de marzo, confirmó la  prisión comunicada y sin fianza del exdirector general de Trabajo y  Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya que entiende que si lo  dejara en libertad podría darse a la fuga y, de esta manera,  "beneficiar" a "otros personajes de esta gran trama" por los que  todavía no ha sido interrogado.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes  Alaya considera que el testimonio de Guerrero "es fundamental" para  la incriminación de otras personas "con las que ha mantenido estrecha  relación", sobre todo "teniendo en cuenta que a la primera  declaración judicial le podrían seguir varias, en las que será  interrogado por otras ayudas y por otros personajes de esta gran  trama, por lo que es claro que su fuga podría beneficiar a muchos".

“Es claro que su fuga podría beneficiar a muchos“

Este riesgo de fuga "debe ser valorado sobre todo a la vista de  las presuntas entregas de dinero que recibió ilícitamente en el  ejercicio de su cargo", señala la juez, que dice no compartir la idea  de la defensa de Guerrero de que "las futuras implicaciones serían  sobre personas de perfil más bajo, pues a nivel de la presente  instrucción judicial el perfil se mide por el grado de conocimiento  que tenga el testigo o el imputado, no por la categoría profesional o  política que posean, pues es claro que a través de estos testimonios  se pueden subir peldaños" en la investigación.

"Es claro que Guerrero, a lo largo de su prolongado cargo, tuvo  colaboradores de importancia, tanto dentro como fuera de la  Administración, por lo que sus aportaciones deben ser protegidas de  cualquier contaminación que proceda de Guerrero en su ánimo de  defenderse", y recuerda que en el auto de prisión "también se valoró  el riesgo de que pudiera entorpecer la instrucción de la causa de  quedar en libertad por la posibilidad de acceder por sí o a través de  terceros a fuentes de prueba externas a la Administración o para  influir sobre otros imputados o testigos".

Al hilo de ello, la magistrada dice que el relato del que fuera de  su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el  pasado día 21 de marzo, "no puede ser más esclarecedor para el fin  que venimos exponiendo, pues mencionó documentos y diversas personas  de gran interés para la causa que podrían verse afectadas por la  influencia de Guerrero", a quien la juez mandó a prisión imputado por  sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales  públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento  oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Podrían imputarse nuevos delitos

La juez, igualmente, confirma la prisión de Guerrero "ante la  impresionante gravedad de los delitos que se le imputan" y que  "probablemente irá sumando otros", pues los hechos que le fueron  imputados en su día "se han extendido considerablemente" tras la  declaración de Trujillo, y ello en base "a una supuesta factura falsa  que una empresa de Trujillo emitió a Comercial Alimentaria Dhul sin  haberse realizado para esta sociedad trabajo alguno".

Este documento, según la magistrada, "dio pie a que el exchófer  fuera interrogado por la existencia de más facturas falsas, y que  Trujillo reconociera la realidad de varias sin descartar la  existencia de otras, que serían abonadas por las distintas entidades  en atención a Guerrero, probablemente por favores atendidos por el  referido director general o en curso de conceder".

A todo lo anterior, prosigue la juez, "debe unírsele el asunto  sobre el que Trujillo informó en su declaración relativo a los dos  sobres con dinero destinados a Guerrero que él recibió de manos del  director general de Vitalia, Antonio Albarricín", por lo que "el  examen de la contabilidad de la misma podrá arrojar luz sobre este  hecho o hechos similares".

Una prolongada actividad delictiva

A su juicio, "efectuando un mero cálculo de probabilidades, lo  previsible es que en el futuro resulten nuevos hechos delictivos  presuntamente cometidos por Guerrero, aunque en su realización  también hayan participado otras personas, pues con independencia de  las numerosas declaraciones que hayan de tomarse, quedan aún por  recabar y examinar numerosa documentación, pieza esencial de este  procedimiento de donde se puede extraer la mayor parte de la  prolongada actividad delictiva cometida en el seno" de la Junta.

Así, se opone a la petición de libertad de Guerrero subrayando que  "los indicios son tan sólidos que determinan una alta probabilidad de  que resulte condenado y a penas extraordinariamente elevadas",  mientras que rechaza que el arraigo familiar defendido por su letrado  pueda evitar el riesgo de fuga, "pues su familia podría seguirle a  donde decidiera marcharse, sobre todo teniendo en cuenta la corta  edad de su hija".

Asimismo, "es incontestable que el presente procedimiento le está  generando un daño irreparable a él mismo, a su familia y a su  entorno, por lo que resulta obvio que el desarraigo social se ha  producido, pues es inmensa la alarma social creada con tales hechos",  y a ello se suma que "es precisamente ahora cuando ha tenido  conocimiento con la suficiente concreción, ante este maremágnum de  documentación que se maneja, de los hechos que se le imputan".

Tras apuntar la posibilidad de que se desarrollen nuevas líneas de  investigación "que podrían incrementar su indiciaria  responsabilidad", la magistrada asevera que Guerrero, "aunque lo  hiciera en connivencia con otros, habría manejado de forma  absolutamente arbitraria los fondos públicos, en beneficio de  terceros y del suyo propio, actuando con total desprecio al derecho y  a lo más elementales principios de la gestión pública".