Rajoy anuncia que no se podrá pagar en efectivo más de 2.500 euros a profesionales

• El presidente del Gobierno avanza la medida en el Congreso de los Diputados
• Quienes incumplan la medida se enfrentan a multas del 25% del valor del pago
• Los pagos por servicios entre particulares se quedan al margen

El Gobierno prohibirá pagar en efectivo cantidades superiores a 2.500 euros

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el plan antifraude que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros "en las que intervenga al menos un empresario o profesional".

La medida no afectará a los pagos por servicios entre particulares porque chocaba con la legislación actual. Pero sí que afectará a autónomos y empresas, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a RTVE.es. La ley, que aún está en preparación, establecerá además un procedimiento para  evitar que se fraccione el pago con la intención de eludir la norma. 

Un ejemplo: un particular no podrá pagar más de 2.500 euros en efectivo a un autónomo por una reforma en su casa. Y, si la factura es de 4.000 euros, tampoco podrá efectuar dos pagos de 2.000 euros.

“Se verán afectadas las operaciones en las que intervenga al menos un empresario o profesional“

El jefe del Ejecutivo ha adelantado en el Congreso que quienes incumplan dicha prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago. Rajoy ha avanzado esta medida durante la sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, sobre la amnistía fiscal.

El Gobierno ya anunció el pasado 5 de enero, tras el Consejo de Ministros, que pondría en marcha la limitación del uso de pago en efectivo en  determinadas transacciones económicas.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró el pasado 20 de febrero que el Gobierno se inspiraría en los modelos de Francia e Italia, países en los que se coloca el límite de posible pago en efectivo en 3.000 y 5.000 euros, respectivamente.

La medida se queda "corta"

Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros es una medida que se queda corta, porque la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.

En un comunicado, el colectivo explica que teme que la medida resulte "poco eficaz" para terminar con las bolsas de fraude que habitualmente utilizan billetes de 500 euros, el instrumento "idóneo" para saldar operaciones al margen del fisco, como las tramas de facturas falsas o falseadas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales.

Además, recuerda que generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe "muy superior" al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser pillados por Hacienda.

El Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de que existan sanciones intermedias inferiores (incluso a la cuarta parte del importe desembolsado en efectivo), lo que en algunos casos haría que saliera todavía más a cuenta defraudar que cumplir con la legalidad.

Por otro lado, los técnicos consideran que esta medida no acabará con el fraude de forma automática porque la imposición de una multa, al no existir una cuota defraudada, impide la imputación por delito fiscal, según el cual el defraudador estaría obligado a afrontar -además de la sanción- los pagos derivados del IVA, el Impuesto de Sociedades o el IRPF en el caso de un autónomo. 

Rajoy defiende la amnistía fiscal

Rajoy ha cuantificado la medida en la sesión de control del Gobierno, en la que el presidente ha matizado que la amnistía fiscal aprobada no es total puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 10% y ha defendido que esta medida "tiene sentido en la situación actual".

Ha insistido en que es una "medida excepcional", que solo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013, razón por la que resulta "muy importante" mejorar los ingresos del Estado.

"Hemos subido algunos impuestos -hemos intentado hacerlo de manera justa y equitativa-, hemos recortado gasto público y en esta situación no queríamos subir más los impuestos y por eso esta medida tiene sentido", ha respondido a Cayo Lara.

IU considera que la amnistía es inconstitucional

El portavoz de La Izquierda Plural ha dicho ser consciente de la gravedad de la coyuntura económica, pero ha rechazado la amnistía fiscal, que considera injusta, antisocial y que premia el fraude.

En su opinión, la amnistía fiscal es inconstitucional, porque no respeta el principio de progresividad en el pago de los impuestos, además de inútil, porque no servirá para que aparezcan capitales no declarados.

Lara cree que solo servirá para generar un efecto llamada a la insumisión fiscal y le ha propuesto al presidente que elabore un "plan serio" de lucha contra el fraude que incluya un incremento de la plantilla y los recursos de Hacienda.