El Gobierno reformará la Ley de Dependencia en colaboración con las comunidades

• Mato aboga por garantizar su viabilidad y la prestación del servicio
• Se analizará el baremo de valoración de la dependencia
• El Gobierno cree que la ley actual es un "laberinto normativo"

Se revisarán las prestaciones, la cartera de servicios y la financiación de la dependencia

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado al término del Consejo Territorial de Dependencia que ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para preparar una reforma de distintos aspectos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a fin de "garantizar" tanto su "viabilidad" como la prestación de servicios "en igualdad de condiciones" en todo el territorio nacional.

En rueda de prensa, Mato ha explicado que se han constituido cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Estos grupos deberán tener sus primeras propuestas listas este mes de abril y las conclusiones en el mes de mayo, para que el Consejo Territorial del ramo debata y apruebe las iniciativas en el mes de junio. En paralelo, las comunidades ultimarán un balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en sus territorios que remitirán al Ejecutivo en los próximos días para disponer de una evaluación global del sistema, aunque este jueves la ministra ha presentado un avance.

El Gobierno cree que la ley es un "laberinto normativo"

Según ha dicho Mato, el primer estudio que ha realizado el Ejecutivo sobre la aplicación de la norma le ha llevado a concluir que es un "laberinto normativo" en el que "las situaciones que se consideraban excepcionales se han convertido en la norma" sin que con ello se haya mejorado la calidad de la atención.

Ha señalado que de los grupos de trabajo se deducirá por qué priman en España las prestaciones sobre los servicios y se actuará en consecuencia. Con todo, ha destacado la importancia de "conjugar esfuerzos" entre los servicios sociales y sanitarios para reducir costes en la prestación de asistencia no económica a las personas en situación de dependencia.

Además, Mato ha afirmado que la Ley "no ha contribuido a crear empleo sino todo lo contrario" porque se perdieron 8.305 puestos en servicios sociales el año pasado, que su aplicación ha provocado "la construcción de 17 sistemas distintos" de dependencia en las comunidades autónomas y que, en general, está basada en "el desfase entre las previsiones en número de dependientes -se preveía 1,7 millones para 2015 y ya son 1,5 millones- y de financiación".

Aboga por establecer criterios comunes en el baremo de valoración

En su opinión, esta situación hace necesario "adecuar la normativa actual a la situación de la dependencia y establecer criterios comunes y aspectos básicos tanto en el baremo de valoración como en otras cuestiones". "Hay que modificar todos los criterios de la dependencia", ha señalado.

La ministra ha incidido además en la necesidad de "recuperar el principio de prioridad en la atención a las personas" y "potenciar la utilización de cuidadores familiares cuando así lo requieran las familias que quieren tener a la persona dependiente en su casa, pero siempre que esta persona pueda estar bien atendida en su domicilio".