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El Gobierno confirma que intervendrá las autonomías que reconozcan que no pueden pagar

  • Recuerda que el pago de las deudas es gasto prioritario según la Constitución
  • Se aplicarán "todos los mecanismos" legales para cumplir el objetivo de déficit

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El ministerio de Hacienda devuelve a varias comunidades autónomas su plan de ajuste

Las comunidades autónomas podrán ser intervenidas si expresan su imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, según ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

El alto cargo del Ministerio de Hacienda ha hecho este anuncio en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha dicho que una comunidad "podrá ser objeto de intervención si manifiesta imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, que son gasto prioritario, como dice la Constitución".

Beteta ha recordado que ayuntamientos y autonomías se han comprometido a cumplir los objetivos del déficit y ha dejado claro que "a partir de este momento se van a poner en marcha todos los mecanismos que la ley contempla para garantizar el cumplimiento de esos objetivos".

"No vamos a mirar el color político"

En este sentido, Beteta ha asegurado que el Gobierno "no va a dudar" en aplicar dichos mecanismos y si hay que intervenir una de estas administraciones se hará.

"No vamos a mirar el color político" de la comunidad o el ayuntamiento, "que es irrelevante, sino la necesidad de que se cumpla la ley, que es absolutamente relevante", ha añadido.

Beteta ha recordado además que el Gobierno actuará no sólo en los casos en los que se incumpla el déficit, sino también cuando la Administración en cuestión incurra en una "incapacidad de financiación", es decir, no pueda pagar sus gastos financieros.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha insistido en la necesidad de "terminar con todo tipo de dispendio" aunque con la obligación de mantener el Estado del bienestar.

Tras asegurar que se están poniendo las bases de la "mayor operación de reforma financiera que ha experimentado nuestro país", Beteta ha subrayado que las cuentas de todas las administraciones tienen que estar "claras" y contar con una "gestión transparente" que verificará la Administración del Estado en pro del interés general.

Beteta ha recordado que las comunidades autónomas han presentado planes de ajuste por 10.000 millones de euros, que se suman a los otros 10.000 millones que se quieren ahorrar en sanidad y educación.

No obstante, ha recordado que se han devuelto varios planes de ajuste "por inconsistentes" y porque incluyen ingresos que no están previstos.

Castilla-La Mancha desmiente la posibilidad de intervención

Estas declaraciones se producen pocas horas después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya asegurado que la comunidad autónoma no corre el riesgo de ser intervenida, como han apuntado varios medios de comunicación extranjeros, ya que va a cumplir con el objetivo del déficit fijado para este ejercicio y va a pagar a sus proveedores.

En un comunicado, el Gobierno castellanomanchego ha desmentido "rotundamente" estas informaciones, que apuntan a una probable intervención de algunas comunidades autónomas, entre ellas, Castilla-La Mancha.

The Wall Street JournalThe Guardian y Financial Times han  llevado esta semana a sus portadas la situación de Castilla-La Mancha y The Guardian la situó el martes como una de las tres  comunidades autónomas que puede ser intervenidas por el Gobierno central  debido a su elevado déficit, junto con Andalucía y la Comunidad  Valenciana.

Según el Gobierno de Dolores de Cospedal, esas informaciones se basan "en la supuesta imposibilidad de estas regiones para cumplir con los objetivos de déficit, en la dificultad de pagar a sus proveedores, así como en la abultada deuda que arrastran", una situación que rechaza Castilla-La Mancha, que ha subrayado que cumplirá "con el objetivo del déficit fijado para este ejercicio".

En su comunicado señala que para cumplir el objetivo ya ha puesto en marcha, "importantes medidas de ahorro destinadas a corregir los graves desequilibrios presupuestarios en que estaba inmersa la región".

También ha recordado que la comunidad autónoma se ha acogido voluntariamente al mecanismo de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central, "con lo que saldará la deuda con sus proveedores a mediados de junio".

Castilla-La Mancha ha obtenido, además, por parte del Gobierno central la autorización de endeudamiento a largo plazo, lo que tenía vetado desde mayo de 2011, "y está en conversaciones con diferentes entidades financieras para obtener financiación", ha añadido.

Unos Presupuestos que incumplen seis estatutos autonómicos

Durante a la comparecencia de Beteta en la Comisión de Presupuestos del Congreso, la diputada del PSOE Meritxell Batet ha advertido que las cuentas presentadas por el Gobierno para 2012 vulneran seis estatutos de autonomía, contemplan un "recorte sin precedentes" de los Fondos de Compensación Interterritorial y eliminan otras partidas regionales previstas por ley.

En su intervención, Batet ha advertido de que las cuentas vulneran los estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Baleares y Extremadura. Además, ha señalado que eliminan otra partida prevista por ley para Canarias, de 43 millones de euros.

Batet ha admitido que en estos presupuestos las comunidades reciben más dinero que en el anterior, pero ha recordado que es gracias al actual sistema de financiación autonómico, que no apoyaron los populares.

También ha criticado los recortes para las administraciones locales, como la desaparición del fondo especial de municipios de menos 20.000 habitantes, la caída en un 70% de los planes provinciales para municipios o la eliminación de partidas como la de acogida a inmigrantes, que generará problemas de cohesión e integración.

La diputada socialista ha lamentado que Beteta hable de "sobredimensión" de las administraciones y ha ironizado sobre el hecho de que podría darse esa situación si lo que pretende el Gobierno es que no se cubran los servicios básicos.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela ha señalado que, con su intervención, Beteta ha demostrado que el Gobierno del PP va a aprovechar la crisis de manera oportunista para privatizar servicios públicos y reducir derechos.

El diputado del PP Juan José Matarí ha asegurado, por el contrario, que se ha hecho un esfuerzo "significativo" en unos presupuestos austeros como éstos por mejorar las transferencias autonómicas y locales, porque dichas administraciones son las que se encargan de los servicios sociales y "ahí está la madre del cordero".