Sanidad planteará a las comunidades que los jubilados paguen el 10% de los fármacos

• Pensionistas= 10% del fármaco hasta un máximo de 30€ trimestrales
• Trabajadores= 50% del fármaco y el 60% para las rentas altas (100.000€)
• Se estudia cómo proteger a las rentas más bajas y parados sin prestación

Las medidas de ahorro afectarán a sanidad

El Ministerio de Sanidad planteará que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos que se les recete, con límites para evitar perjudicar a los enfermos crónicos, y que los activos paguen el 50%, en lugar del 40% actual, según han avanzado fuentes del PP.

Ésta es una de las propuestas que llevará este miércoles el Ministerio al Consejo Interterritorial de Saluddespués de consultar posibles iniciativas de ahorro con los consejeros autonómicos de Sanidad, y que se aprobará previsiblemente en el Consejo de ministros del viernes mediante un real decreto.

Los pensionistas, que ahora no pagan por las recetas, deberían abonar el 10 % del precio de los medicamentos, aunque si gastan más de diez euros al mes durante tres meses consecutivos se les devolvería el dinero abonado por encima de los 30 euros.

Con esta salvaguarda se intenta no perjudicar a los enfermos crónicos, que necesitan medicamentos de forma recurrente y constante, según las mismas fuentes.

El tope mensual para los jubilados con las pensiones más altas se establecería en los 20 euros.

Pago en función de la renta

El Gobierno quiere con la reforma establecer un pago según renta para que la medida sea equitativa, han añadido.

Así, los ciudadanos activos que ahora pagan el 40 % del precio de los medicamentos recetados abonarán el 50% (un 10 % más), pero si su renta supera un determinado umbral, que podrían ser los 100.000 euros anuales, pagarían un 20 % más, es decir, el 60 % del precio del fármaco.

Está en estudio, según las fuentes consultadas,  cómo proteger a las rentas más bajas o a los parados sin prestaciones.

Con esta reforma en el sistema de pago, el Ministerio de Sanidad estima que se podrían ahorrar cerca de 3.700 euros de los 7.000 millones que el Gobierno quiere ajustar en el presupuesto sanitario.

Para conseguir este fin, tendrá que convertirse en realidad el proyecto de tarjeta sanitaria única para toda España, donde figuraría la información fiscal de cada paciente.

El departamento que dirige Ana Mato, según las fuentes, planteará otras medidas para completar ese ahorro, aunque descarta el copago en la asistencia sanitaria. 

Reunión del Consejo

En la agenda del Consejo figura la presentación de un informe en el que se proponen mecanismos de actualización y aportación reducida en la prestación farmacéutica, y la definición de los criterios mínimos de ordenación de este sector. 

También se estudia sacar de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores y conseguir el mejor precio para tratamientos y productos sanitarios a través de una central de compras. Una de las medidas más destacadas en la que trabajan las autoridades es la de controlar el denominado "turismo sanitario", tanto de los europeos que residen en España como de aquellos que utilizan este servicio en las épocas vacacionales.

Mato y los consejeros de Sanidad decidirán en qué puntos se revisará la cartera de servicios para evitar gastos innecesarios, aunque ya se ha avanzado desde el Ejecutivo que se recortarán, por ejemplo, los transportes sanitarios, las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de fertilidad.

En la reunión se informará sobre el nuevo Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para atender los gastos de las personas que reciben atención fuera de la comunidad autónoma en que están domiciliadas. 

Se dará a conocer un análisis sobre la evolución del consumo de medicamentos genéricos, otro sobre la ordenación profesional del personal sanitario así como un programa de aprovechamiento y ahorro en el fraccionamiento del plasma español. 

Las autoridades sanitarias analizarán además qué actuaciones adoptar en relación a la queja europea sobre la práctica de ciertos hospitales públicos españoles de rechazar la tarjeta sanitaria europea (TSE) cuando el paciente tiene seguro médico privado.

Finalmente, Mato presentará a los consejeros una propuesta de actuaciones de colaboración y coordinación en relación al caso de los "niños robados".