La Audiencia Nacional vuelve a imputar a la mujer de Luis Bárcenas en el caso Gürtel

• Atribuye a Rosalía Iglesias un posible delito contra la Hacienda Pública
• El TSJM había levantado la imputación el 6 de mayo de 2010
• Pudo defraudar un total de 222.112,58 euros en la declaración del IRPF

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a imputar en el "caso Gürtel" a la mujer del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, a la que atribuye un posible delito contra la Hacienda Pública.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado, en el que señala que Iglesias, a quien el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira había levantado la imputación el 6 de mayo de 2010, pudo defraudar un total de 222.112,58 euros en la declaración del IRPF correspondiente a 2006.

El juez justifica la imputación en la aparición de "nuevos datos" tras dictarse el sobreseimiento, subraya que el delito podría prescribir el próximo 30 de junio y cita a la mujer de Bárcenas para tomarle declaración el próximo 17 de mayo.

Bárcenas también volvió a ser imputado

El TSJM también había archivado el procedimiento respecto del extesorero del PP, pero el pasado 15 de marzo la Audiencia Nacional declaró nulo el auto de sobreseimiento dictado por el tribunal madrileño y volvió a imputar a Bárcenas por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La resolución notificada hace referencia a un informe de la Agencia Tributaria de junio de 2011 que señala que Iglesias "habría podido defraudar una cuota de 222.112,58 euros al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de 558.196,97 euros como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido el 15 de mayo de 1987, la cual estaría exenta de tributación".

En vista del informe, la Fiscalía solicitó el pasado mes de septiembre la reapertura de la causa respecto de Iglesias.

Ahora, Ruz considera que procede acordarla "al haberse puesto de manifiesto (...) con posterioridad al auto de sobreseimiento provisional y su confirmación -de 6 de mayo y de 1 de diciembre de 2010, respectivamente- nuevos datos de los que indiciariamente se podría derivar su responsabilidad penal en los hechos objeto de investigación".

El juez añade que éstos pueden estar relacionados con los que "han sido investigados respecto de su cónyuge, Luis Bárcenas, actualmente también imputado".

Rechaza por ello la petición del exsenador de que no se reabriera el caso y decide no esperar tampoco a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la cuestión de nulidad planteada por éste ante la sala de lo penal.

Los hechos podrían preescribir en fecha próxima

La razón es que los hechos "podrían prescribir en fecha próxima, el 30 de junio, para el caso de que con antelación no se hubiera dirigido formalmente el procedimiento" contra Iglesias, que tendrá que comparecer ante el juez el próximo 17 de mayo.

Ese mismo día, Ruz ha citado a cinco testigos en relación con una sociedad de la trama que habría intervenido en proyectos vinculados a las elecciones municipales, autonómicas nacionales y europeas de 2003 y 2004, al presunto favorecimiento para la adjudicación de plantas industriales de tratamiento de purines y a la obtención de fondos de ayuda al desarrollo.

Los citados son el exsenador del PP y exsecretario general de Comercio Exterior entre 2000 y 2003 Francisco Utrera Mora, el exconsejero de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón José Porta Monedero y el exdirector general de Comercio e Inversiones Manuel Enrique Alejo González.

También comparecerán en esa fecha el administrador de Asian Deluxe Group S.L. José Luis Rois Gallego y el exdirector general de Red Eléctrica de España (REE) Victoriano Casajús.

Además, el juez solicita a la Agencia Tributaria que le envíe un informe sobre un cheque de Caja Sur por un importe de 1.058,32 euros que se cobró en fechas próximas al 11 de junio de 2002, identificando al emisor del mismo y la cuenta en la que se abonó.

Ruz pregunta también por un ingreso de 6.000 euros efectuado en Caja Madrid el 18 de diciembre de 2003 para pagar facturas del exconcejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote -también imputado- con el objetivo de averiguar el origen de esos fondos y si la cuenta en la que se ingresó pertenecía al supuesto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, o a la empresa Pasadena Viajes.