El Gobierno recurre ante Constitucional las oposiciones de secundaria en Andalucía

• Recurrirá la convocatoria de 2.389 plazas docentes de Educación Secundaria
• Dice que el número de plazas contraviene las limitaciones fijadas

El Consejo de Ministros ha decidido que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes en Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz, lo que dejará en suspenso la orden de la Consejería de Educación.

El Ejecutivo ha decidido así impugnar la convocatoria presentando un conflicto positivo de competencias, cuando apenas faltan dos días para que concluya el plazo límite para el recurso, el 22 de abril, justo dos meses después de que se publicara en BOJA esta convocatoria docente.

Según consta en referencia hecha pública tras el Consejo de Ministros, el número de plazas convocadas "contraviene" las limitaciones que estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011que prohibió la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10% la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.

Añade que cualquier convocatoria autonómica debe ajustarse al nuevo marco, "lo que no ha ocurrido con la convocatoria andaluza de profesores".

Dictamen favorable del Consejo de Estado

La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30% de efectivos".

Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las administraciones públicas para el citado ejercicio".

El Gobierno andaluz convocó 2.389 plazas, de las cuales 1.752 se ofertaron como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto Básico del Empleado y las 637 restantes como resultado de la aplicación de una tasa de reposición cercana al 30%, tal y como recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.