La juez imputa seis delitos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por el caso ERE

• La juez le considera autor intelectual del "sistema operativo" de las ayudas
• El exconsejero de la Junta dice que había un vacío reglamentario
• Asegura que el sistema de ayudas "era legal y lo sigue siendo"
• Guerrero le señaló como conocedor del proceso de concesión de ayudas
• Es el segundo alto cargo que comparece ante la juez Alaya

Antonio Fernández ha declarado que estaba al tanto de cómo se daban las ayudas

La juez que investiga los ERE irregulares ha imputado este viernes seis delitos al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al que ha definido como autor intelectual, entre otros, del "sistema operativo" de las ayudas investigadas.

La juez Mercedes Alaya ha leído durante una hora y media el relato de hechos que imputa a Fernández y ha enumerado cuatro delitos continuados: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación.

Además le ha imputado delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

La juez ha señalado a Fernández como ideólogo del convenio firmado en 2001 para canalizar las ayudas y ha afirmado que todas ellas son nulas de pleno derecho por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía al carecer de cobertura presupuestaria.

Abogados personados en la causa han informado en un receso de que la juez ha sugerido que Fernández llegó a renunciar a una ayuda de 400.000 euros en la bodega González Byass cuando ya estaba en marcha este procedimiento judicial.

Según el relato de la juez, Fernández tuvo que conocer las irregularidades de las ayudas, que se daban de forma arbitraria y sin control, y ni siquiera se crearon las obligadas Comisiones de Seguimiento.

Ha citado que Fernández vulneró la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del consejo regulador del Jerez y que pudo conceder ayudas a empresas de esa zona por ser su localidad de nacimiento.

Antonio Fernández fue señalado como conocedor del proceso de concesión de las ayudas por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en prisión provisional desde el 10 de marzo.

Fernández, que fue consejero entre 2004 y 2010, es el segundo alto cargo que comparece ante la juez Mercedes Alaya, aunque también está citado el 26 de julio el exdelegado de su Consejería en Sevilla Antonio Rivas y han sido imputados el exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 Agustín Barberá; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular en funciones, Daniel Alberto Rivera.

La juez prevé continuar la declaración de Fernández el sábado y esta semana incorporó a la causa la última documentación entregada por la Guardia Civil sobre los fondos que el exconsejero debía percibir por su despido de la bodega jerezana de González Byass.

En sus tres días de declaración, Guerrero implicó a Fernández y a otros consejeros y viceconsejeros de Empleo como José Antonio Viera como presuntos conocedores de las irregularidades que investiga la juez.

Además, aseguró que Fernández se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

Fernández fue también viceconsejero de Empleo entre 1995 y 2004 y en 2001, siendo presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó el convenio que permitió canalizar las ayudas extraordinarias de la Junta mediante el sistema que la juez cree irregular.

Guerrero dio ayudas para favorecer a altos cargos, según la juez

Hasta ahora, Alaya ha indicado en varios autos su impresión de que, de lo investigado hasta ahora, se desprende que Guerrero "en connivencia con otros" otorgó las ayudas investigadas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", según el auto de prisión de Guerrero.

La juez de instrucción 6 de Sevilla ha imputado hasta ahora a medio centenar de "intrusos" en los ERE y ha encarcelado a dos personas: el exdirector de Trabajo y su chófer Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 22 de marzo tras confesar que llegó a gastar 25.000 euros mensuales de las ayudas de la Junta en cocaína para su jefe.

El exconsejero dice que había un vacío reglamentario

Antonio Fernández ha dicho a la juez que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía que había un "vacío reglamentario", que no había obligación de dar publicidad a las ayudas y que bastaba que lo supieran los sindicatos.

En su declaración de esta tarde ante la juez Mercedes Alaya, Fernández ha declarado que,  en virtud de ese vacío reglamentario, bastaba para pedir las ayudas directas a empresas entregar el nombre, apellidos y zona de residencia para cumplir el requisito de ser área deprimida.

Las ayudas no eran absolutamente discrecionales, solo discrecionales, ha afirmado el exconsejero, según han comentado a los periodistas abogados personados en la causa.

Las ayudas sociolaborales que investiga la juez solo las conocían los sindicatos y los empresarios, ha afirmado Fernández, y ha explicado que no se fiscalizaban una a una, sino mediante un control posterior.

Según los citados abogados, la juez Alaya está repreguntando sobre varios aspectos a Fernández y su comparecencia se prolongará al menos sábado y domingo.

La juez Alaya ha imputado a Fernández cuatro delitos continuados: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento.