La Fiscalía pide el ingreso en prisión y sin fianza del exconsejero de Empleo por el caso ERE

• También pide una fianza de 890.052.666 euros de responsabilidad civil
• Antonio Fernández dice que "¿cómo podría haber evitado esto?"
• El exconsejero ha respondido 212 preguntas hechas por la acusación del PP
• La juez redacta el auto desde primera hora de la madrugada

La Fiscalía ha pedido a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, mientras que la Junta sólo ha pedido que comparezca semanalmente en el juzgado.

A la petición de la Fiscalía, que incluye una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad, se ha adherido la acusación particular del PP y de Manos Limpias, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

La acusación de la Junta de Andalucía por su parte ha pedido que el exconsejero comparezca semanalmente en el juzgado, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte.

En el cuarto día de interrogatorio, que ha comenzado a las 11.00 horas, la juez Mercedes Alaya debe ahora decidir qué medida impone a Fernández por su implicación en los ERE fraudulentos.

En su decalración, el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández se ha preguntado cómo podría haber actuado él para evitar lo ocurrido en torno a los ERE fraudulentos y si en lugar de ser "impulsor" debería haber sido un consejero "más cercano" y no tan confiado con sus subordinados.

Durante la cuarta jornada del interrogatorio, tras las preguntas de las acusaciones del PP y de Manos Limpias y de las defensas, Fernández ha mantenido un alegato de unos cuatro minutos en el que se ha preguntado si él podría haber actuado de otra manera en virtud de los "evidentes indicios que contiene el procedimiento", según ha explicado a los periodistas su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

Ha asegurado que siempre ha actuado con su "absoluto convencimiento" de hacerlo conforme a la legalidad y de no haber consentido ninguna conducta ilegal.

El exconsejero se ha cuestionado si debería haber sido un consejero más cercano "y más vigilante" de la gestión de sus subordinados, "y no tan confiado".

Ha espetado que "ya no hay vuelta atrás" y ha lamentado el "daño" que él ya ha soportado, a lo que se le suma "un gran pesar por el daño institucional que se ha producido no solo a la Junta, sino a la propia Comunidad Autónoma", teniendo en cuenta el "carácter público y los términos" en los que este debate se está desarrollando a nivel nacional, ha añadido.

El letrado defensor ha aportado un documento en el que se señala que Fernández pertenecía a la plantilla de González Byass desde 1980 hasta 2008, después de que el domingo se señalara que no había documentación distinta que la que obra en el procedimiento en relación a este punto.

212 preguntas del PP

El exconsejero ha respondido también a las 212 preguntas formuladas por la acusación del PP, a las de Manos Limpias y a las de las defensas, con un único receso de dos horas a las 15.30 horas.

A preguntas del PP, el exconsejero no ha admitido que se emplee el término "fondo de reptiles" para denominar ese montante porque ha asegurado que los fondos estaban presupuestados legalmente, han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Se ha enfrentado a las preguntas de la acusación "con respuestas cortas", con monosílabos, y al ser preguntado sobre la utilización del "fondo de reptiles" para el pago de determinadas ayudas, Fernández ha parado a la letrada y ha señalado que no admite que se hable con esos términos.

La acusación particular del PP le ha preguntado por casos concretos de empresas y detalladamente por las ayudas, aunque ha mostrado su convencimiento de la legalidad del procedimiento y el desconocimiento de lo que hacía el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en prisión por esta causa.

Niega conocer las ayudas

Al ser preguntado por la finalidad de determinadas ayudas, el exconsejero ha negado conocerlas y no ha explicado por qué algunas de ellas no se llevaron al Consejo de Gobierno, a pesar de tener una cuantía que la ley obliga a hacerlo.

Sobre el papel de los delegados provinciales, Fernández ha indicado que eran los primeros que recibían las quejas sobre las ayudas que no se pagaban pero que no se comprometían a solucionarlo, ya que su papel sólo era trasladar a los directores generales la queja por el impago.

El exconsejero alcanza casi las cuarenta horas de declaración después de que el interrogatorio comenzara el pasado viernes y se tuvo que enfrentar ayer también a unas doscientas preguntas de la juez Mercedes Alaya y otras sesenta de la Fiscalía Anticorrupción.

Pasadas las 20.30 horas continuaba la comparecencia de medidas cautelares, en la que se sabrá la petición de la Fiscalía, mientras que previsiblemente PP y Manos Limpias pedirán su ingreso en prisión.

La juez le imputa a Fernández los delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.